A media cuadra de la avenida Nicolás Avellaneda al 750, frente a uno de los hospitales más transitados de San Miguel de Tucumán, hay un pasaje donde abrir una canilla se volvió una lotería. Los vecinos del Enzo Bordabehere conviven desde hace años con interrupciones en el suministro de agua potable, pero aseguran que en los últimos meses la situación dejó de ser un contratiempo esporádico para transformarse en una rutina diaria que condiciona todo: cocinar, higienizarse, lavar la ropa y hasta usar el baño.

Según relatan los frentistas, los cortes se extienden habitualmente entre diez y doce horas, y en algunas ocasiones abarcaron una jornada completa, desde la mañana hasta el día siguiente. Cuando el servicio se restablece, muchas veces lo hace con una presión mínima, apenas un hilo de agua que obliga a esperar horas para llenar un recipiente. El regreso del suministro tampoco tiene horario: puede ocurrir a la una, a las dos o a las tres de la madrugada, y volver a interrumpirse poco después.

El problema arrastra más de un lustro, pero los residentes señalan un punto de inflexión concreto: la habilitación de un edificio ubicado a media cuadra del pasaje, el año pasado. Desde entonces, sostienen, la presión en las viviendas bajas cayó de manera notoria. Este invierno marcó el peor tramo, con cortes casi ininterrumpidos durante los últimos dos meses.

A la falta de agua se suma otra queja recurrente: la ausencia total de información. No hay cronograma, ni aviso previo, ni distinción entre días hábiles, fines de semana o feriados. Esa imprevisibilidad impide cualquier organización doméstica y obliga a un acopio permanente. Cada vez que el servicio vuelve, la escena se repite en todas las casas del pasaje: tachos, botellas, bidones y baldes se llenan a la carrera para resistir las horas siguientes.

Reclamos formales que no obtuvieron respuesta

Los vecinos presentaron notas ante la Sociedad Aguas del Tucumán y ante el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán. Aseguran que ninguna de esas presentaciones fue contestada. Ante el silencio administrativo, algunos se acercaron personalmente a las oficinas de la empresa estatal, donde recibieron una explicación técnica: las cañerías que abastecen el sector superan los cien años de antigüedad y una solución de fondo exigiría una obra de gran envergadura, con una inversión millonaria.

En una de esas gestiones, los residentes fueron derivados al departamento técnico, donde se les indicó que la magnitud del trabajo excede la capacidad operativa de la compañía y que su ejecución depende de una definición política. También denuncian que no lograron ser recibidos por ningún funcionario con capacidad de decisión.

Un pozo abierto y ninguna mejora

Hubo, sí, una intervención sobre el pavimento. Una cuadrilla que se identificó como personal de la empresa realizó una excavación en el pasaje para revisar la cañería, pero el trabajo se completó en cerca de una hora y, según los frentistas, no modificó en nada la prestación. El resultado fue un pozo abierto que quedó sin señalización adecuada y que hoy representa un riesgo para automovilistas y motociclistas que circulan por la zona. Cuando la cuadrilla volvió para cerrarlo, los propios vecinos se opusieron, al entender que taparlo equivalía a dar por resuelto un problema que seguía intacto.

La composición etaria del pasaje agrava el cuadro. La mayoría de quienes viven allí son adultos mayores, para quienes cargar y trasladar recipientes con agua implica un esfuerzo físico considerable. La preocupación central, de cara a los próximos meses, es el verano: con temperaturas que en la provincia superan con holgura los 40 grados, doce horas sin suministro dejan de ser una molestia para convertirse en un problema sanitario. En los frentes de las casas ya aparecieron carteles caseros con leyendas que reclaman el acceso al agua como derecho y denuncian la falta de atención de la prestataria.

Un conflicto que se repite en toda la Capital

El caso del pasaje Bordabehere no es excepcional. En los últimos años se acumularon reclamos similares en Ciudadela, El Bosque, Barrio Sur, Villa Alem y el sector norte de El Corte, en Yerba Buena, donde hubo períodos de más de diez días sin servicio y dependencia de camiones cisterna. En varios de esos barrios, los vecinos terminaron judicializando el conflicto mediante acciones de amparo.

Ese camino ya arrojó fallos favorables a los usuarios. En una causa iniciada por frentistas de distintos sectores de San Miguel de Tucumán, la Justicia ordenó a la empresa adoptar medidas concretas para garantizar la normal prestación del servicio. Meses después, ante la falta de acreditación del cumplimiento, el juzgado interviniente volvió a intimar a la prestataria y fijó sanciones económicas diarias en caso de persistir el incumplimiento, una señal de que ni siquiera una sentencia firme alcanza para destrabar las obras.

En paralelo, la tarifa siguió actualizándose. A comienzos de este año se aplicó un incremento del 12% en las boletas, justificado en el atraso acumulado del cuadro tarifario y en la necesidad de financiar obras, con el argumento de que la totalidad de lo recaudado se reinvierte en infraestructura. Para los vecinos del pasaje, que sostienen estar al día con sus pagos, esa ecuación no cierra: abonan un servicio esencial que, en los hechos, reciben a medias.