El Senado se prepara para debatir este jueves el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la iniciativa que el Poder Ejecutivo considera una de las piezas centrales de su agenda desregulatoria. Pero llega al recinto con un escenario mucho más adverso que el que imaginaba hace apenas un mes: la sangría de apoyos entre los bloques dialoguistas y provinciales dejó al oficialismo sin los números que daba por descontados y lo obligó a reescribir el texto contra reloj.
El punto más conflictivo es el capítulo que modifica el régimen de tierras rurales. La versión original directamente eliminaba los límites vigentes para la adquisición de suelo productivo por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Ante la resistencia, el oficialismo presentó un nuevo dictamen que ya no suprime los topes, sino que los eleva: el porcentaje máximo pasaría del 15% actual al 25% de la superficie nacional, provincial y departamental. El texto reformulado también establece que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierra rural, que las personas jurídicas y uniones transitorias con participación estatal directa o indirecta necesitarán aval conjunto de la Nación y de las provincias, y que toda compra deberá inscribirse en el registro inmobiliario provincial con un asiento especial que consigne la nacionalidad del adquirente.
Las concesiones apuntaban a acercar al Gobierno a los 38 o 40 votos necesarios. Sin embargo, el efecto fue parcial y llegó tarde: el proyecto acumula más de una decena de versiones corregidas por fuera del debate en comisiones, algo que varios legisladores señalan como un problema en sí mismo, porque el texto definitivo no terminó de circular entre los senadores hasta último momento.
El giro de las provincias
El vuelco más significativo se dio en el terreno donde el oficialismo tenía asegurada su base de sustentación: los bloques provinciales y el radicalismo. El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado pidiendo a sus senadores que no acompañen la norma, y su presidente se reunió individualmente con cada legislador para fijar la posición partidaria. Al menos tres senadores radicales que habían dado quórum en julio ya adelantaron que no votarán el capítulo de tierras.
En Misiones, el gobernador se pronunció de manera contundente en contra, argumentando que la provincia tiene el 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay, y pidió a los dos senadores que ingresaron por el oficialismo provincial que acompañen esa postura. Los intendentes respaldaron la definición. En Neuquén, el mandatario provincial envió a la Legislatura un proyecto para modificar la normativa local sobre tierras fiscales y priorizar el acceso de neuquinos y argentinos, una señal de autonomía frente a la iniciativa nacional. En Chubut, dos senadoras alineadas con el gobernador manifestaron reparos sobre varios artículos. Desde La Pampa y Catamarca también llegaron confirmaciones de rechazo.
La posición tucumana
Tucumán aportó una de las pérdidas más sensibles para el cálculo oficialista. El gobernador confirmó públicamente que las dos senadoras nacionales por la provincia se oponen a la aprobación del proyecto, tras conversar con ambas. Una de ellas, del monobloque Independencia, figuraba en las planillas del oficialismo como un voto seguro; la otra integra un bloque que ya había firmado un dictamen de minoría contrario a la iniciativa.
La postura del Ejecutivo provincial fue explícita: no debe cederse un metro cuadrado de tierra argentina a extranjeros, y la llegada de capitales para invertir y producir es bienvenida siempre que no implique la apropiación del territorio. Desde la Casa de Gobierno también se marcó que las modificaciones de último momento son, en sí mismas, la prueba de que los votos no están.
Números ajustados y calle movilizada
Al momento del cierre de las negociaciones, el oficialismo contabilizaba entre 33 y 35 senadores confirmados, por debajo del umbral necesario. La aritmética se complica incluso antes de la votación: el bloque libertario tiene 21 integrantes y necesita al menos 16 aliados para habilitar el quórum. Ese piso podría subir a 17 si el Presidente viaja al exterior, ya que en ese caso la conducción de la sesión recaería en el presidente provisional del cuerpo, restándole una banca al oficialismo.
A la disputa parlamentaria se suma la presión social. Para el jueves está convocada una movilización frente al Congreso que reúne a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, centrales sindicales y entidades ambientalistas. El rechazo a la extranjerización de la tierra escaló en las últimas semanas hasta convertirse en un tema de agenda pública, y ese clima terminó de inclinar la balanza en varios despachos provinciales.
Vale recordar que el capítulo de tierras no agota el proyecto. La iniciativa también acelera los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para avanzar con expropiaciones e introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego respecto del uso de propiedades afectadas por catástrofes. Es el tercer intento de llevarla al recinto: las veces anteriores fue postergada por falta de votos.
