El viernes 31 de julio, alrededor de las 20:30, cinco hombres entraron a bordo de un vehículo al country Los Olivos, en avenida Presidente Perón al 1.300, en Yerba Buena, y avanzaron directo hacia la casa de Roberto Sagra, empresario y ex presidente del Club Atlético San Martín. Uno de ellos bajó con un chaleco similar al de la Policía. Un vecino que notó movimientos raros se acercó a preguntar qué hacían ahí y, al verse descubiertos, los cinco escaparon antes de que pudiera pasar algo peor. Familiares de Sagra llegaron minutos después, alertados por el episodio.
Desde el primer momento, lo que más llamó la atención no fue solo la posibilidad de un robo frustrado, sino cómo habían logrado entrar. Sagra revisó las cámaras del barrio privado y cuestionó duramente a la seguridad: el guardia, dijo, no les pidió documentación ni anunció su llegada por el sistema interno, algo que según el empresario “viola todos los protocolos” del country. La sospecha que instaló puertas adentro fue que alguien pudo haber facilitado el ingreso desde adentro.
La causa quedó inicialmente en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, con la División Investigaciones abocada a identificar a los cinco hombres a partir de las imágenes de seguridad y la patente del vehículo.
Una semana más tarde, el caso dio un giro que lo volvió a poner en el centro de la escena. El 7 de agosto se presentó ante la Justicia Mario Adrián Choque, jefe de la comisaría de San Andrés, y reconoció que él era una de las personas que había estado esa noche en el barrio. Su versión: se había equivocado de complejo. Según declaró, había ido a encontrarse con un hombre llamado Roberto en el country Terrazas Park —contiguo a Los Olivos— y, como ambos barrios están pegados uno al otro, terminó entrando por error al que no era.
La explicación no convenció a Sagra, que salió a marcar las inconsistencias del relato. Sostiene que entre ambos countries hay más de 200 metros de distancia y otros complejos de por medio, por lo que un error de ese tipo le resulta poco creíble. También remarcó que Choque no dio precisiones sobre quiénes eran los otros cuatro hombres que lo acompañaban esa noche, ni aclaró si el auto en el que se movían era un vehículo oficial de la fuerza o uno particular.
La causa quedó ahora caratulada bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñeiro, que deberá determinar si se trató realmente de una confusión o de un intento de robo con la participación de un efectivo policial. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Tucumán abrió un sumario administrativo para investigar si hubo irregularidades en la conducta del jefe de la comisaría de San Andrés, más allá de lo que resuelva la Justicia penal.
Por ahora, ni la principal víctima del episodio ni los investigadores dan por cerrado el capítulo: falta identificar a los otros cuatro hombres que entraron esa noche al barrio y esclarecer si el uniforme policial que llevaba uno de ellos era, apenas, una casualidad más de una noche cargada de casualidades.
