Una mujer quedó bajo arresto domiciliario en Tucumán tras ser acusada de cuatro maniobras de estafa vinculadas con la falsa gestión y adjudicación de viviendas. Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, la mujer se habría presentado ante distintas víctimas como una persona con contactos en organismos públicos y gremios, y les habría solicitado sumas de dinero por adelantado a cambio de conseguirles una casa que, en los cuatro casos, nunca llegó a entregarse.
De acuerdo con los hechos incorporados a la causa, el perjuicio económico acumulado superaría los $14 millones. La acusada habría prometido principalmente viviendas en los barrios San Andrés y Manantial Sur y, cuando llegaba el momento de concretar la entrega, habría recurrido a distintas excusas para justificar la demora.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que conduce el fiscal Diego Alejo López Ávila. En la audiencia, el Ministerio Fiscal estuvo representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, quien pidió declarar legal el procedimiento de aprehensión y solicitó ampliar y reformular los cargos contra la mujer con los nuevos hechos investigados. También requirió modificar las medidas de coerción y pidió la prisión preventiva por 45 días. El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido y dispuso la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, con dispositivo electrónico, por ese mismo plazo.
El primer hecho se remontaría a fines de 2022, cuando la mujer se habría presentado como gestora con supuestos contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y en la Legislatura de Tucumán, y habría ofrecido gestionar la adjudicación de una casa en San Andrés pese a saber, según la acusación, que no estaba en condiciones de concretar esa operación. La víctima entregó dinero por adelantado y nunca recibió el inmueble. El perjuicio en este caso fue calculado en $3.150.000.
El segundo episodio habría ocurrido el 10 de noviembre de 2023, cuando la imputada se habría presentado como empleada de la Legislatura y abogada de UPCN con contactos dentro del gremio. En un bar de avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, le habría ofrecido a otra víctima una vivienda en Manantial Sur y le habría pedido $2.200.000 por el terreno y $40.000 adicionales por supuestos gastos de escribanía. La casa tampoco se entregó y el perjuicio fue fijado en $1.945.300.
El tercer hecho se ubicaría el 23 de abril de 2026, cuando la acusada se habría presentado como abogada dedicada a recuperar viviendas del IPV y le habría ofrecido a una persona una casa en Manantial Sur a cambio de $4.180.000. La víctima entregó el monto solicitado, pero la adjudicación prometida nunca se concretó.
El cuarto y más reciente episodio habría comenzado el 10 de agosto de este año, a partir de una conversación con un chofer de Uber a quien la mujer se habría presentado falsamente como abogada y miembro de la CGT, encargada de gestionar viviendas recuperadas del IPV en Manantial Sur. A través de ese contacto, habría llegado a familiares interesados en acceder a una vivienda. En un encuentro en una estación de servicio de Bulnes y avenida Belgrano, habría pedido documentación personal y $150.000 para el armado de una carpeta, además de anticipar que luego debía cobrar $5 millones a cuenta de un terreno cuyo valor total, según decía, ascendía a $12 millones. Al día siguiente, en un bar de Maipú al 50, habría asegurado que en un mes se formalizaría la adjudicación, promesa con la que una de las víctimas le entregó los $5 millones. Según la acusación, también habría sumado a otras personas al supuesto sistema, pidiéndoles documentación y transferencias de $150.000 a nombre de su hija. El perjuicio de este último hecho fue calculado en $5.450.000.
La Justicia busca ahora determinar el alcance completo de las maniobras y establecer si existen otras personas que habrían entregado dinero bajo promesas similares. Mientras avanza la investigación, la mujer permanecerá bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico durante el plazo dispuesto.
