Qué cambia concretamente
El núcleo de la norma es una modificación a la Ley de Ministerios: se incorpora un nuevo inciso 47 al artículo 23, que amplía las atribuciones de la cartera sanitaria. A partir de ahora, Salud deberá intervenir no solo en políticas de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas —su competencia tradicional—, sino también en la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía.
El decreto encuadra la detección temprana, la asistencia y la rehabilitación de las personas afectadas como parte de las políticas públicas de salud, lo que en términos prácticos habilita al Ministerio a desarrollar campañas de concientización, generar evidencia y estadísticas propias, capacitar equipos sanitarios y poner en marcha dispositivos asistenciales específicos para esta problemática.
Un punto importante: el DNU no regula a las plataformas de apuestas ni establece restricciones sobre la oferta de juego. Se limita a incorporar la ludopatía dentro del paraguas sanitario y a definir el rol que le cabe al Estado en su tratamiento como cuestión de salud pública.
El dato que motivó la medida
La decisión se apoya en cifras del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas. Según ese relevamiento, más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año, con una prevalencia notablemente mayor en las modalidades de apuestas digitales.
El propio decreto define a la ludopatía como un trastorno reconocido por la comunidad médica y científica, caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de esa conducta pese a sus consecuencias negativas, y el deterioro progresivo de la salud mental, la economía personal y familiar, los vínculos sociales y el desempeño educativo y laboral —compartiendo mecanismos y estrategias de abordaje con otros consumos problemáticos—.
El antecedente legislativo: el proyecto de mayo
Este DNU llega meses después de que el Ejecutivo enviara al Congreso, en mayo, un proyecto de ley sobre Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar en Línea. Esa iniciativa, más ambiciosa, buscaba ordenar el mercado virtual de apuestas limitando la publicidad y reforzando la protección de niños y adolescentes.
El proyecto también proponía reformar el Código Penal para castigar con prisión de tres a seis años a quienes exploten, administren u organicen sistemas de apuestas no habilitadas, y crear una figura penal específica —con pena de dos a cuatro años— para quienes brinden servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales a operadores no autorizados, facilitando su funcionamiento.
Mientras ese proyecto sigue su trámite parlamentario, el Gobierno optó por avanzar por decreto en el frente sanitario, que no requiere aprobación previa del Congreso (aunque sí queda sujeto a su revisión posterior).
El marco internacional
El decreto se apoya también en advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre la facilidad de acceso a plataformas de apuestas de alta intensidad —incluidas sus versiones online— y sobre el rol que juegan los patrocinios deportivos y la publicidad en redes sociales para normalizar el juego entre poblaciones jóvenes. La OMS señala como tratamientos más eficaces la terapia cognitivo-conductual de largo plazo y la intervención motivacional, mientras que la autoayuda y los grupos de apoyo —pese a ser de los recursos más utilizados— muestran menor efectividad comprobada.
