La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito argentino en habilitar formalmente pruebas de vehículos sin conductor y de robots autónomos de reparto en la calle. La decisión se instrumentó a través de la Resolución 170/SECT/26, firmada el 12 de agosto por el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el martes 18.

La norma no habilita una circulación masiva ni inmediata. Lo que crea es un procedimiento: un mecanismo por el cual empresas y desarrolladores pueden pedir autorización para testear estas tecnologías en condiciones reales de tránsito, con la idea de acumular experiencia antes de avanzar hacia una regulación definitiva.

Qué significa “Nivel 4”

Los permisos se otorgarán exclusivamente para ensayos de vehículos de Nivel 4 de la clasificación internacional SAE J3016, una escala que va del 0 al 5. En ese escalón, el sistema puede ejecutar por sí solo todas las tareas de conducción, pero únicamente dentro de zonas, recorridos o condiciones previamente delimitados. Fuera de ese perímetro, el auto no opera.

En los fundamentos de la resolución, el gobierno porteño sostiene que los vehículos autónomos representan una innovación disruptiva en el transporte automotor, con potencial para reducir la siniestralidad vial, mejorar la eficiencia de la movilidad y descomprimir la congestión. Al mismo tiempo, exige que se garanticen los mejores estándares de seguridad para todos los usuarios del espacio público, en particular peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

Las exigencias técnicas

Cada unidad deberá contar con un sistema de registro de datos a bordo —una suerte de caja negra— capaz de guardar información continua sobre modo de operación, velocidad, frenado, dirección, intervenciones del operador, geolocalización y funcionamiento de sensores como cámaras, radar y LiDAR. También será obligatoria una póliza de seguro vigente que cubra la responsabilidad civil frente a terceros y, cuando corresponda, frente a las personas transportadas.

Durante los ensayos regirá además la asistencia remota permanente, con capacidad de intervenir ante una falla del sistema. En esta primera etapa, según el texto de la norma, cada auto autónomo deberá llevar a bordo un conductor en condiciones de tomar el control de inmediato. Esa exigencia podrá levantarse más adelante, si las evaluaciones resultan satisfactorias y el mercado asegurador desarrolla pólizas específicas para este tipo de vehículos.

Los robots de vereda

La segunda parte de la resolución regula a los llamados drones terrestres autónomos: pequeños robots sobre ruedas que se desplazan a baja velocidad —por debajo de los 20 kilómetros por hora— con intervención humana limitada o nula. La norma los encuadra en la categoría internacional de Dispositivos Automatizados de Entrega (ADD, por sus siglas en inglés).

Sus usos previstos exceden el delivery: además del reparto de última milla y el traslado de cargas livianas, el texto menciona tareas de limpieza y mantenimiento del espacio público, inspección de infraestructura y monitoreo urbano. Podrán operar en veredas, parques, áreas industriales y corredores logísticos. Su funcionamiento se apoya en inteligencia artificial, visión computacional, sensores LiDAR, posicionamiento satelital y procesamiento de datos.

Quienes quieran probar estos dispositivos deberán cumplir requisitos en materia de seguridad, protección de datos personales, responsabilidad civil y sostenibilidad tecnológica. A diferencia de los autos, los robots podrán ensayar sin operador presencial en la unidad desde el arranque.

Lo que todavía no se sabe

La resolución fija el procedimiento, pero deja varios casilleros vacíos. No se conoce qué empresas participarán de los ensayos ni existe un cronograma público de inicio. Tampoco se detalla un presupuesto asignado ni un tope de cuántos vehículos o robots podrán circular durante la fase experimental.

En el expediente intervinieron, además de la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura—, la Dirección General de Seguridad Vial y las subsecretarías de Planificación de la Movilidad y de Gestión y Control de la Movilidad.

La medida marca un precedente para el resto del país: cualquier provincia que quiera avanzar con ensayos similares tendrá en el esquema porteño el primer modelo normativo local disponible, en un debate que en Argentina todavía no llegó a las legislaturas del interior.