TikTok cerró el capítulo judicial más caro de su historia en materia de privacidad. La plataforma y su empresa matriz, la china ByteDance, aceptaron pagar 400 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para poner fin a la demanda que las acusaba de recolectar información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El acuerdo, anunciado por el Departamento de Justicia, establece un esquema de pago en dos tramos: 300 millones de dólares de manera inmediata y los 100 millones restantes cuando un tribunal deje sin efecto una vieja orden judicial de 2019, dictada contra Musical.ly, la aplicación que ByteDance compró en 2017 y que terminó transformándose en TikTok.

La cifra convierte al caso en una de las mayores recuperaciones de la historia bajo la COPPA, la ley estadounidense de protección de la privacidad infantil en línea, que prohíbe a los sitios web y aplicaciones recolectar datos personales de menores de 13 años sin autorización expresa de un adulto responsable.

Una demanda que venía de lejos

La denuncia formal llegó a los tribunales en 2024, cuando el Departamento de Justicia presentó la causa ante la Corte del Distrito Central de California por derivación de la Comisión Federal de Comercio. La acusación era demoledora: sostenía que TikTok había permitido durante años que millones de chicos menores de 13 años permanecieran en la plataforma mientras la compañía recolectaba sus datos personales y los utilizaba para publicidad segmentada.

El punto más incómodo del expediente es que todo esto habría ocurrido después de una sanción previa. En 2019, Musical.ly ya había pagado 5,7 millones de dólares por infracciones idénticas y había quedado sujeta a un acuerdo de cumplimiento con las autoridades estadounidenses. Según la demanda, lejos de corregir el rumbo, la empresa modificó aspectos de su sistema de registro de usuarios de un modo que volvió más difícil determinar si quien se estaba dando de alta tenía la edad mínima requerida.

La versión oficial y la defensa de la empresa

Desde el gobierno estadounidense celebraron el desenlace. El fiscal general adjunto asociado, Stanley E. Woodward Jr., habló de “una gran victoria para los niños y los padres estadounidenses” y remarcó que hacer cumplir las obligaciones legales de protección de menores en internet es una prioridad del organismo. En la misma línea, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate destacó que la resolución asegura una recuperación económica significativa y reafirma el compromiso con la aplicación de las normas de protección infantil.

TikTok, por su parte, sostuvo siempre su inocencia. La compañía argumentó que cuenta con sistemas sofisticados de moderación diseñados para detectar a menores de 13 años que mienten sobre su edad al registrarse, y que mantiene cientos de moderadores entrenados que eliminan decenas de miles de cuentas de chicos por debajo de la edad permitida. El acuerdo, de hecho, no obliga a la empresa a admitir ninguna irregularidad.

Qué cambia a partir de ahora

Más allá del dinero, el entendimiento incluye obligaciones concretas hacia adelante. TikTok deberá sostener controles de edad más estrictos, protecciones específicas reforzadas para los usuarios más jóvenes y herramientas que permitan a los padres supervisar de manera efectiva la actividad de sus hijos y el destino de su información personal.

Según el propio Departamento de Justicia, buena parte de esos cambios ya fueron implementados desde que se presentó la demanda en 2024, y ese avance en el cumplimiento influyó en el resultado final de la negociación.

Un frente judicial que sigue abierto

El acuerdo llega en medio de la reestructuración corporativa de TikTok en Estados Unidos y no significa que la empresa haya despejado su horizonte legal. La plataforma todavía enfrenta demandas presentadas por familias y por distritos escolares que apuntan contra el impacto de sus algoritmos en la salud mental de los adolescentes. A eso se suman investigaciones abiertas por reguladores de la Unión Europea y del Reino Unido, que analizan preocupaciones similares en materia de seguridad infantil.