La mañana del martes empezó como cualquier otra en el barrio, hasta que las sirenas se apoderaron de la cuadra. Un fuerte operativo policial se montó en calle Entre Ríos al 1.100, al sur de San Miguel de Tucumán, después de que se confirmara el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de una vivienda: un hombre de 38 años y su hijo de apenas 7, que tenía autismo.

Vecinos que se agolparon detrás del cerco preventivo relataron escenas de desconcierto y llanto. En la vereda, familiares y allegados esperaban precisiones mientras los efectivos entraban y salían del domicilio. La zona permaneció cortada durante horas.

Según informaron fuentes policiales, el adulto se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en esa misma casa y tenía previsto un traslado inminente a la provincia de Córdoba. Ese dato, para los investigadores, es central: la principal hipótesis que manejan es la de un homicidio seguido de suicidio.

En la escena trabajan de manera conjunta efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, personal de la Unidad Fiscal de Homicidios y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Las tareas apuntan a reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido: la mecánica de las muertes, el horario aproximado y si hubo señales previas que permitieran anticipar el desenlace. Las autopsias serán determinantes para confirmar o descartar la hipótesis inicial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda. Los especialistas en violencia intrafamiliar advierten desde hace años que el filicidio —el asesinato de un hijo a manos de su propio padre o madre— suele producirse en contextos de conflicto familiar, crisis judiciales o cuadros de salud mental que no fueron detectados a tiempo, y que muchos episodios ni siquiera llegan a los medios. La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil viene reclamando la plena aplicación de la Ley Lucio (27.709), sancionada en 2023 tras el crimen de Lucio Dupuy, que creó un Plan Federal de Capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Más de dos años después, su implementación sigue siendo desigual entre provincias y municipios.

A eso se suma otro interrogante que la investigación deberá responder: cómo se controlaba efectivamente ese arresto domiciliario y qué seguimiento tenía la situación de un niño con discapacidad que convivía con una persona bajo medida judicial. En Tucumán, los dispositivos de monitoreo de detenidos con prisión domiciliaria han sido cuestionados en más de una oportunidad por su alcance limitado.

Por el momento, la causa está caratulada como averiguación de las circunstancias de las muertes y no trascendieron los nombres de las víctimas. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias para avanzar. La noticia sigue en desarrollo.