El Gobierno nacional oficializó un incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. La medida, que se aplicará en cuatro tramos entre septiembre y diciembre, contempla además un bono extraordinario de fin de año, con el objetivo de reforzar ingresos en un período de alta demanda de consumo.

En el caso de los empleados públicos, el acuerdo establece subas acumulativas del 6,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que representa una mejora total del 12,22% en el último cuatrimestre del año. A esto se suma un bono de $80.000 en diciembre, remunerativo y no bonificable, que funcionará como complemento para enfrentar los gastos de fin de año. El Gobierno también confirmó la continuidad del Premio Estímulo a la Asistencia, vigente hasta diciembre.

Las Fuerzas Armadas recibirán un esquema similar, con un aumento inicial del 6,9% en septiembre y un acumulado del 12,22% hasta diciembre, que se adiciona al 17,62% otorgado entre enero y agosto. De esta manera, la mejora anual proyectada alcanza cerca del 32%, incluyendo suplementos por títulos superiores y adicionales específicos que buscan reconocer la formación profesional dentro de la institución.

En paralelo, las fuerzas de seguridad federales —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal— tendrán una actualización en sus haberes y suplementos. Entre ellos se destacan el Prevención Barrial, el Recargo de Servicio y el Destino Estratégico de Operaciones, que impactarán con mejoras de entre 20% y 30% del haber neto, llegando hasta un 35% en las jerarquías más bajas. Además, se incorporan suplementos de Alto Riesgo para unidades especiales como la Agrupación Albatros, en reconocimiento a las tareas de mayor exposición.

La reacción sindical fue dispar. UPCN aceptó la propuesta oficial, valorando la incorporación del bono y la continuidad de beneficios, mientras que ATE la rechazó por considerarla insuficiente frente al ritmo de la inflación y anticipó posibles medidas de fuerza. Este contraste refleja la tensión permanente entre la necesidad de recomponer salarios y las limitaciones fiscales del Estado.

El anuncio se inscribe en un contexto donde la recomposición salarial resulta clave para sostener el poder adquisitivo. Tras años de atraso heredados del gobierno anterior, el desafío actual es equilibrar las cuentas públicas con la necesidad de atender reclamos salariales, en un escenario económico que exige respuestas concretas para los trabajadores.