Doce integrantes de Greenpeace fueron procesados sin prisión preventiva por una protesta realizada el 26 de febrero en el Congreso de la Nación, cuando treparon las rejas perimetrales e ingresaron a un sector restringido del Palacio Legislativo. La manifestación buscaba rechazar las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares y estuvo acompañada por una particular puesta en escena: los activistas colocaron inodoros en las escalinatas y exhibieron carteles con consignas contra la reforma.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió procesarlos por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. En su resolución sostuvo que el derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta no habilita el ingreso sin autorización a un espacio expresamente restringido. Según el magistrado, las rejas cerradas con candados y la presencia del dispositivo policial constituían señales claras de que el acceso estaba prohibido.
A pesar del procesamiento, el magistrado decidió que los 12 acusados permanezcan en libertad. La resolución consideró que no existían elementos suficientes para imponer prisión preventiva, entre otros motivos porque los imputados tienen arraigo y habían respondido a las citaciones judiciales. Sin embargo, la Justicia dispuso un embargo de $2 millones sobre los bienes de cada uno, por lo que el monto total alcanza los $24 millones.
La protesta había ocurrido mientras el Congreso debatía modificaciones a la legislación que protege los glaciares y los ambientes periglaciares. Greenpeace sostiene que los cambios pueden debilitar las protecciones ambientales vigentes y había desarrollado distintas acciones públicas para presionar a los legisladores. La organización había realizado intervenciones frente al Congreso y utilizado consignas como “La Ley de Glaciares no se toca” para visibilizar su rechazo al proyecto.
El episodio también había generado otro foco de tensión durante el operativo policial. Un camarógrafo de A24 fue detenido mientras registraba lo ocurrido y denunció haber sido agredido por efectivos de la Policía Federal. La Justicia ordenó posteriormente su liberación y se iniciaron actuaciones para investigar el accionar de los agentes durante el procedimiento.
El procesamiento vuelve a poner en discusión los límites entre el derecho a protestar y el cumplimiento de las restricciones de acceso a edificios públicos. Para la Justicia, la finalidad política de una manifestación no elimina la eventual responsabilidad penal por ingresar a un espacio restringido; para Greenpeace, en cambio, la acción formó parte de una campaña de protesta pacífica contra una reforma que considera perjudicial para la protección ambiental. La causa continuará ahora con los 12 activistas en libertad y bajo investigación judicial.
