Un control que terminó en la comisaría

Todo comenzó cuando el docente regresaba a su domicilio tras tomar exámenes en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. Viajaba como pasajero en un Chevrolet Corsa cuando, pasadas las 21, una camioneta policial interceptó el vehículo. Según su relato judicial, dos efectivos descendieron sin identificarse y comenzaron a revisar el automóvil.

“Envoltorios” que nadie exhibió

Uno de los policías aseguró haber hallado unos supuestos envoltorios cerca de la palanca de cambios. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, nunca se los mostraron, no se los pesó, no se realizó una prueba de campo y tampoco se labró un acta de secuestro ni se convocó a una fuerza especializada en narcóticos. El profesor fue trasladado a la dependencia de El Chañar, adonde, según contó, ya le habían quitado el celular.

De los $10 millones a un “arreglo” a la medida de su cuenta

Dentro de la comisaría, los efectivos habrían empezado a mencionar la posibilidad de resolver la situación de manera extraoficial. La acusación sostiene que lo amenazaron con vincularlo a un procedimiento por drogas si no pagaba, además de advertirle que perdería su trabajo y su reputación en el sistema educativo. El monto exigido bajó de $10 millones a $8 millones a medida que el docente explicaba que no podía reunir esa suma. Fue entonces, según la denuncia, cuando los policías accedieron a su homebanking, comprobaron que tenía cerca de $2,6 millones disponibles y fijaron en $2,5 millones lo que debía entregar, dejándole apenas $100.000.

Cajero automático y una transferencia por billetera virtual

El relato judicial indica que el docente fue llevado hasta un cajero automático, donde bajo vigilancia policial retiró $1 millón en efectivo, que habría entregado a uno de los efectivos. El millón y medio restante se transfirió mediante una billetera virtual a una cuenta de un tercero mencionado en la causa; el denunciante afirmó que un policía tomó su teléfono para cargar el alias y que él solo intervino para completar la validación biométrica que pide la aplicación. Antes de dejarlo ir, según su versión, lo obligaron a firmar un documento donde figuraba únicamente que había sido demorado, sin permitirle leerlo por completo ni entregarle una copia.

Las pruebas y el pedido de investigar un patrón

Entre los elementos que aportó a la Justicia figuran el comprobante de la transferencia y los registros de las extracciones bancarias. También solicitó las filmaciones de los cajeros y de las cámaras de seguridad de la comisaría, una rueda de reconocimiento, información sobre el personal que estaba de servicio esa noche y la búsqueda de denuncias similares vinculadas a esa dependencia, ante la sospecha de que el hecho pudiera no ser aislado.

No es el primer escándalo policial en la provincia

La denuncia se conoce en un contexto de sucesivos cuestionamientos a la fuerza de seguridad tucumana. En noviembre de 2025, una investigación en Famaillá derivó en el secuestro de más de $8 millones en la casa de un comisario acusado de cohecho y de plantar pruebas para exigir dinero, según publicó La Gaceta. Ese mismo mes trascendió otro caso en el que se apartó al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte por utilizar a detenidos como albañiles en una propiedad vinculada a una autoridad policial, de acuerdo con lo informado por Cadena 3.

Qué sigue en la causa

La denuncia deberá ser investigada por la Justicia para determinar si los hechos ocurrieron tal como los relató el docente y establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas de los policías señalados.