Política

15 de septiembre de 2026

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El patrimonio de Carlos Cisneros se multiplicó 205 veces en pesos desde que asumió como diputado, pero sus propias declaraciones juradas se contradicen entre sí

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Escribe: Redactor4

Un relevamiento de las siete declaraciones patrimoniales que el legislador nacional presentó entre 2019 y 2025 detectó superficies de inmuebles que varían año a año sin ninguna operación que lo justifique, un terreno que declara como propio pese a figurar a nombre de sus hijas, y una sociedad de cien mil pesos de capital cuya participación pasó a valer más de 338 millones.

El diputado nacional por Tucumán y titular de La Bancaria, Carlos Aníbal Cisneros, quedó otra vez en el centro de una investigación periodística sobre su patrimonio. El medio local eltucumano cruzó las siete declaraciones juradas que el legislador presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2019 y 2025 y encontró un patrón de inconsistencias que, según la publicación, excede el simple error de carga administrativa.

De acuerdo con el trabajo, el patrimonio en pesos que Cisneros declaró pasó de poco más de 2,2 millones a fines de 2018 a cerca de 705 millones al cierre de 2025, un salto de 205 veces medido hasta el ejercicio 2024 y de 311 veces si se toma el cierre de 2025. Convertido a dólares al tipo de cambio que el propio diputado utilizó en cada declaración para valuar sus tenencias en moneda extranjera, el crecimiento es de aproximadamente ocho veces: de unos 60.400 a cerca de 487.800 dólares entre 2018 y 2025.

Superficies que cambian sin explicación

El relevamiento identifica que varios inmuebles declarados por Cisneros modificaron su superficie de un ejercicio a otro sin que mediara ninguna venta, compra o cesión que lo justificara. Un lote sobre la avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, figuró con 1.446 metros cuadrados en 2019 y 2020, cayó a 300 metros cuadrados entre 2021 y comienzos de 2024, y recién a fines de ese año volvió a su superficie original. Un patrón similar, aunque inverso, se repite con una casa en Tafí del Valle, que pasó de 300 a 100 metros cuadrados y luego saltó a más de 3.284 metros cuadrados al cierre de 2024.

Según la nota, esa última cifra coincide con la que consta en el folio real del Registro Inmobiliario de la provincia para esa propiedad, lo que indicaría que las superficies menores declaradas en los ejercicios anteriores no se ajustaban a la realidad registral. El mismo folio consigna que la casa fue adquirida mediante compra con autorización judicial por 12 millones de pesos, mientras que en varias de sus declaraciones Cisneros había consignado el inmueble bajo la modalidad de cesión gratuita.

Un tercer inmueble, una vivienda en un country de Yerba Buena, pasó de 1.400 metros cuadrados en 2019 a apenas 100 en los últimos ejercicios, con una fecha de ingreso al patrimonio que además se modificó de abril de 2019 a mayo de 2021 sin ninguna operación declarada de por medio.

Un terreno declarado como propio que no figura a su nombre

El informe señala una discrepancia adicional sobre el mismo lote de la avenida Presidente Perón: según el folio del Registro Inmobiliario, la propiedad plena del terreno pertenece a las tres hijas del diputado y a la esposa de un tercero, mientras que Cisneros solo tendría, según ese registro, un derecho de usufructo sobre la mitad correspondiente a sus hijas. Sin embargo, en sus siete declaraciones juradas, desde 2019, el legislador consignó el ciento por ciento de la titularidad del inmueble a su nombre, con origen de fondos “ingresos propios”.

La sociedad que multiplicó su valor declarado

El activo de mayor peso en el patrimonio que Cisneros declara al cierre de 2025 es su participación en una sociedad por acciones simplificada constituida en junio de 2022 con un capital social de cien mil pesos, de la cual figura como socio único. Según el relevamiento, siete meses después de la constitución, el diputado ya valuaba esa participación en 45,1 millones de pesos —451 veces el capital original—, con “venta de activos” como único concepto de origen de fondos, sin precisar qué bienes vendió ni en qué condiciones. Al cierre de 2025, la valuación declarada de esa participación asciende a más de 338 millones de pesos, cerca del 48 por ciento de todo el patrimonio que Cisneros declara.

El estatuto de esa sociedad, publicado en el Boletín Oficial de Tucumán, la faculta para designar agentes y permisionarios de los juegos que se explotan en el Hipódromo de Tucumán, una actividad que requiere autorización de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, el organismo estatal que regula el juego y que el espacio político de Cisneros controló durante buena parte de las últimas tres décadas. Ante el fisco nacional, sin embargo, la empresa no tiene registrada actividad de juego: figura inscripta como expendio de bebidas, servicios de restaurante y actividad inmobiliaria.

Otras inconsistencias detectadas

El trabajo también detalla que, en la última rectificación de la declaración correspondiente a 2025, cuatro inmuebles presentan una fecha de ingreso al patrimonio en el bloque de “bienes al inicio” del ejercicio y otra fecha distinta en el bloque de “bienes al cierre” del mismo documento, y que en los cuatro casos la fecha nueva coincide con la de la escritura de compra correspondiente. Según la cronología reconstruida por la publicación, esa rectificación fue presentada varios meses después de que se iniciara una causa penal federal contra el diputado, aunque el medio aclara que no está probada una relación de causalidad entre ambos hechos.

Asimismo, se señala que de seis unidades de un complejo de departamentos en Yerba Buena que Cisneros habría escriturado en dos operaciones, solo dos figuran declaradas ante la Oficina Anticorrupción, y que durante varios ejercicios el diputado declaró ingresos por renta de inmuebles sin que ninguna de sus propiedades figurara con destino de alquiler.

Contexto: Cisneros y la causa federal en trámite

Cisneros, dirigente de la Asociación Bancaria y diputado por Unión por la Patria, ya enfrenta un pedido de desafuero en la Cámara baja vinculado a una causa federal distinta, en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz —el mismo que interviene en la causa sobre las declaraciones juradas— lo acusa de haber liderado una organización que habría utilizado a una joven como parte de una trama extorsiva contra futbolistas del club Vélez Sarsfield. El legislador niega esas acusaciones y las atribuye a una persecución política. La causa sobre su patrimonio, según el propio medio que publicó la investigación, tramita ante el mismo juzgado federal de Tucumán.


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