Una mañana que cambió la Costanera

El 27 de septiembre de 2016, alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Tucumán rodearon distintos puntos de la Costanera en un operativo coordinado que buscaba desarticular una de las redes de narcomenudeo más consolidadas de la provincia. A las 8.30 de esa mañana, Rogelio Villalba, apodado “El Gordo” y señalado por los investigadores como el “Rey del Paco”, quedó detenido junto a su esposa, su hija y otras personas vinculadas al reparto de droga en el barrio.

Este domingo se cumplen diez años de ese procedimiento. El hombre al que la Justicia identificó como cabecilla de la organización todavía no fue llevado a juicio.

Un liderazgo que se construyó desde abajo

Villalba comenzó a aparecer en las investigaciones a partir de 2006, cuando quedó al mando de la estructura que había fundado Hugo Ordóñez, conocido como “El Rengo Tévez”, asesinado por la pareja de una amante. Las versiones sobre cómo asumió ese lugar son contradictorias: para algunos heredó el control de la banda, para otros lo impuso por la fuerza. Según relevamientos periodísticos posteriores, acumuló al menos cinco detenciones desde 2009 sin que ninguna derivara en una condena firme, y mantuvo siempre un perfil bajo que le valió también el apodo de “el hombre sin rostro”, por la escasez de registros fotográficos suyos.

Durante años, la existencia de consumo de paco y pasta base en la provincia fue negada por las autoridades de entonces, que sostenían que Tucumán no contaba con laboratorios de procesamiento y que, por lo tanto, no había manera de que esos residuos circularan en las calles. Frente a ese silencio oficial, un grupo de mujeres del barrio conformó el colectivo “Las Madres del Pañuelo Negro” para denunciar la venta de drogas y reclamar la creación de centros de rehabilitación.

El giro en la política de seguridad

El escenario cambió con la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que identificó al narcotráfico como una amenaza prioritaria para el NOA. En 2016 se creó en Tucumán la Agencia Regional de la Policía Federal y se le otorgó autonomía a la División Antidrogas, con instrucciones puntuales para avanzar contra la organización de Villalba, que ya había ganado notoriedad nacional a partir de los reclamos de las vecinas del barrio.

La investigación estableció que el grupo recibía hasta dos kilos semanales de pasta base procedentes de Orán, que luego estiraban hasta siete veces para su comercialización, con ganancias mensuales estimadas en 258.000 dólares. Con autorización judicial para intervenir teléfonos, los investigadores llegaron a determinar la fecha en que una transportista ingresaría droga a la provincia, lo que permitió montar el operativo de septiembre de 2016.

Una causa que se estancó en el tiempo

Como la ley de narcomenudeo todavía no regía en la provincia, el expediente quedó bajo jurisdicción de la Justicia Federal. El entonces fiscal Carlos Brito impulsó el pedido de juicio, pero los planteos de las defensas terminaron favoreciendo a los acusados: en 2019, Villalba recuperó la libertad al haber permanecido más de dos años detenido sin ser enjuiciado, un límite que marca la ley para la prisión preventiva.

Según pudo saberse, Villalba llegó a acumular hasta cuatro causas por drogas en simultáneo. Una de ellas ya prescribió; el resto continúa a la espera de que se fije una fecha de debate, algo que las vacantes existentes en los tribunales federales de la provincia vuelven cada vez más incierto. Mientras tanto, vecinos consultados por la prensa sostienen que la venta de drogas en la zona no se interrumpió pese a la detención de su líder original.