Una joven de 26 años, identificada como Rocío Olea, declaró ante la Justicia y señaló a tres personas como presuntos responsables del ataque a balazos que sufrió Facundo Ale el 30 de noviembre de 2024 en el barrio La Ciudadela, en San Miguel de Tucumán. El nuevo testimonio fue incorporado a la investigación y podría abrir nuevas líneas de análisis sobre el origen del atentado y sus posibles conexiones con personas vinculadas a causas por narcotráfico.

El ataque ocurrió en la esquina de Amador Lucero y General Paz, donde Ale fue interceptado por tres hombres que se movilizaban en una Renault Oroch negra. Según la investigación, los agresores efectuaron múltiples disparos con un arma automática: tres proyectiles impactaron contra la víctima y un cuarto quedó alojado en el teléfono celular que llevaba en uno de sus bolsillos. En un primer momento, el episodio fue relacionado con una disputa por el control de la barra brava de San Martín de Tucumán, aunque posteriormente aparecieron otros elementos.

Uno de esos elementos fue la propia camioneta. Ale había declarado ante el fiscal Mariano Fernández que no podía reconocer a quienes le dispararon, pero señaló que utilizaban el mismo vehículo que dos días después fue interceptado en el puesto de control de Cabo Vallejo, sobre la Ruta Nacional 9. El 2 de diciembre de 2024, la Renault Oroch era conducida por Livio Andrés Barros, acompañado por Alejandra Barros Figueroa, y durante el procedimiento fueron secuestrados 63 kilogramos de cocaína.

El nuevo giro surgió a partir de la declaración de Olea, quien aseguró que decidió hablar luego de superar el temor que, según manifestó, le provocaban amenazas vinculadas con su expareja. En un video difundido en redes sociales y posteriormente incorporado a la investigación, la joven señaló como presuntos autores a Jorge Anaya González, Javier “Chuky” Casanova y Valentín Villarreal. También afirmó que los involucrados le habrían contado que el ataque no terminó con la muerte de Ale porque el arma utilizada habría sufrido un desperfecto. Estas afirmaciones deberán ser corroboradas judicialmente.

El testimonio también podría ser analizado en relación con el enfrentamiento armado ocurrido en septiembre de 2025 en el salón La Foresta, en Los Pocitos, donde estuvieron involucrados Ale, González Anaya y Villarreal. Olea sostuvo que los integrantes del grupo habrían concurrido armados con la intención de encontrarse con Ale y afirmó que el episodio podía estar relacionado con un conflicto previo. A esto se sumó la reciente circulación de fotografías en las que aparecen personas exhibiendo armas de fuego, aunque los medios que difundieron esas imágenes aclararon que las identidades de quienes aparecen en ellas no fueron confirmadas de manera independiente.

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Mariano Fernández entrevistó a la testigo, le ofreció garantías para declarar sin condicionamientos y puso a disposición medidas de protección ante eventuales represalias, aunque posteriormente remitió la información al fiscal Ernesto Salas López, quien actualmente conduce el expediente. El nuevo aporte deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas y determinarse qué elementos pueden ser incorporados formalmente a las distintas causas relacionadas. Por ahora, las acusaciones formuladas por Olea constituyen una nueva línea investigativa y no una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas señaladas.