El Ministerio Público Fiscal de Tucumán investiga una presunta estafa mediante suplantación de identidad que tuvo como víctima a una pensionada de 74 años. La mujer fue contactada por personas que se hicieron pasar por empleados del Subsidio de Salud y, mediante un supuesto trámite para actualizar la cobertura de medicamentos, lograron acceder a sus datos bancarios y gestionar un préstamo de $10 millones a su nombre.
El hecho ocurrió el 23 de julio, minutos antes de las 17, cuando la mujer recibió una videollamada por WhatsApp desde un usuario denominado “Atención Personalizada”, cuya foto de perfil mostraba el logo del Subsidio de Salud. Durante la comunicación, el supuesto empleado le indicó que debía recibir distintos códigos y enviar fotografías de los medicamentos que utilizaba. Luego le solicitó las claves de acceso a su home banking del Banco Macro y a su cuenta de Tarjeta Naranja.
La víctima, quien manifestó no tener conocimientos sobre herramientas digitales, siguió las instrucciones recibidas. Poco después descubrió que habían solicitado un préstamo de $10 millones a su nombre. De acuerdo con la investigación, el dinero fue depositado inicialmente en su cuenta sueldo del Banco Macro, posteriormente transferido a una cuenta de Naranja X y finalmente derivado hacia cuentas de terceros que ya fueron identificadas. Además, los delincuentes habrían retirado los $248.000 que la mujer tenía disponibles en su cuenta.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Hevia, y actualmente se concentra en tres sospechosos: la persona que habría realizado el contacto telefónico y los titulares de las cuentas utilizadas para recibir el dinero. Según la pesquisa, estos últimos ya aparecen vinculados en otros expedientes por maniobras de características similares. La víctima realizó la denuncia con el acompañamiento de una vecina y sus hijos en la Comisaría Novena.
El abogado querellante Juan Guerrero solicitó que los responsables sean investigados por el presunto delito de estafa mediante suplantación de identidad y señaló que se analiza si los involucrados forman parte de una estructura criminal de mayores dimensiones. Además, advirtió sobre una modalidad detectada en otras causas, en la que los estafadores convencen a las víctimas de instalar aplicaciones de acceso remoto como Supremo Mobile Assist, con las que pueden controlar el teléfono y realizar operaciones bancarias mientras aparentan asistirlas con un trámite.
En paralelo, la defensa inició gestiones para intentar anular el préstamo y evitar que las cuotas sean descontadas de la pensión de la víctima. Según explicó Guerrero, las cuotas rondarían los $700.000 mensuales, mientras que la mujer percibe una pensión apenas superior al millón de pesos. La Justicia continúa ahora con el análisis del recorrido del dinero y de las cuentas involucradas para determinar quiénes participaron de la maniobra y establecer si existe una organización detrás de este tipo de estafas.
