Tucumán sigue perdiendo sus árboles a un ritmo que preocupa a especialistas. De acuerdo con los registros de Global Forest Watch, la plataforma internacional que monitorea los bosques del mundo a partir de imágenes satelitales, la provincia perdió unas 37.000 hectáreas de cobertura arbórea en los últimos diez años. Para dimensionar la cifra: equivale a cuatro veces la superficie de San Miguel de Tucumán.

El impacto no se limita al paisaje. Esa pérdida de vegetación implicó la liberación de alrededor de 9,1 megatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, un volumen comparable, según parámetros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), con lo que emiten en un año más de dos millones de autos particulares.

El este tucumano, epicentro del desmonte

El mapa de la deforestación tiene un claro sesgo territorial. Burruyacú encabeza el ranking con unas 9.300 hectáreas perdidas en la última década, seguido por Graneros, con 6.900, y Leales, con 4.600. Entre los tres departamentos suman más del 56% de toda la pérdida provincial en el período.

Se trata de zonas que formaban parte del bosque chaqueño semiárido, dominado históricamente por especies como el quebracho, y que en las últimas décadas fueron absorbidas por la frontera agrícola.

La agricultura, detrás del 94% de la pérdida

Los datos de Global Forest Watch indican que, desde 2001, el 94% de la cobertura arbórea perdida en Tucumán respondió a la expansión de la agricultura permanente. Es decir, no se trata mayoritariamente de incendios ni de fenómenos naturales, sino de reemplazo de monte por cultivos, con la soja como principal protagonista.

Si se amplía la mirada, el saldo es todavía más contundente. Entre 2000 y 2020 la provincia perdió 103.382 hectáreas de árboles y ganó apenas 23.315, lo que arroja una pérdida neta cercana a las 80.000 hectáreas en dos décadas.

Un problema estructural, según los especialistas

El geógrafo David Montenegro, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, sostuvo que la provincia enfrenta un problema estructural de enorme gravedad y advirtió que quienes viven en las zonas afectadas tienen razones urgentes para inquietarse.

En sus trabajos sobre el este provincial, Montenegro documentó que la superficie cultivada se triplicó entre 1976 y 2024 a costa de más de 300.000 hectáreas de bosque chaqueño nativo, con los departamentos de Burruyacú y Cruz Alta como los más golpeados. Entre las consecuencias señala la pérdida de biodiversidad, la erosión y degradación de los suelos y las inundaciones recurrentes en sectores donde la vegetación dejó de cumplir su función de contención del agua.

A esto se suman efectos sociales: mayor concentración de la tierra, desigualdad territorial y migración de población rural hacia las ciudades.

Una ley que llegó cuando el daño estaba hecho

En 2010 Tucumán sancionó la Ley 8304 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que clasifica las masas forestales según su valor de conservación y define dónde está permitido desmontar. Para Montenegro, sin embargo, la norma llegó con retraso: cuando entró en vigencia, la mayor parte de la destrucción del bosque ya se había consumado.

Tafí del Valle, la única excepción

En medio del panorama negativo hay un dato que se destaca. Tafí del Valle fue el único departamento tucumano que registró una ganancia neta de cobertura arbórea entre 2000 y 2020. El resto de la provincia, sin excepciones, mostró números en rojo durante las dos primeras décadas del siglo.