La disputa por los recursos del Atlántico Sur pasó del terreno diplomático al judicial. El Gobierno nacional presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para frenar las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión se concretó luego de que venciera, sin cambios en la posición británica, el plazo de dos semanas que la Casa Rosada le había fijado al Reino Unido para detener la iniciativa.

La Oficina del Presidente confirmó la presentación a través de un comunicado, en el que sostuvo que la medida apunta a resguardar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y a impedir que las actividades autorizadas por Londres de manera unilateral profundicen una controversia que las Naciones Unidas reconocen como abierta.

Del ultimátum a Hamburgo

El camino comenzó el 28 de septiembre, cuando Milei anunció que había instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En ese mismo anuncio, el mandatario advirtió que, si Londres no frenaba la explotación en un plazo de dos semanas, el país acudiría al Tribunal del Mar.

El procedimiento está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y de la Procuración del Tesoro de la Nación. En el equipo participa además el embajador Mario Oyarzábal, especialista en derecho internacional. Quirno destacó que es la primera vez que la Argentina somete a un tribunal internacional la discusión sobre las acciones unilaterales británicas en materia de hidrocarburos, aunque aclaró que el país mantiene abierta la vía del diálogo.

La ofensiva judicial se suma a otras medidas adoptadas en las últimas semanas. A comienzos de septiembre, el Gobierno anunció sanciones contra empresas que operen en la zona sin autorización argentina, con alcance a accionistas, directivos y proveedores, y luego impulsó una denuncia penal contra Navitas y sus socios. Tras esos anuncios, las acciones de las dos petroleras registraron caídas en las bolsas de Londres y Tel Aviv.

Qué puede decidir el tribunal

El pedido de medidas provisionales funciona como una suerte de cautelar dentro del arbitraje principal. Como el tribunal arbitral todavía debe conformarse y el proceso de fondo podría extenderse en el tiempo, la Argentina busca que el TIDM, que es un órgano permanente, dicte una resolución urgente que preserve sus derechos mientras se discute la cuestión central.

La presentación no implica una suspensión automática del proyecto. Los jueces deberán evaluar si, en principio, el futuro tribunal arbitral tendría jurisdicción y si la situación reviste la urgencia que exige la Convemar. En caso de que se ordenen, las medidas provisionales son obligatorias para las partes.

El planteo tampoco pretende que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía de las islas. Su competencia se limita a cuestiones regidas por el derecho del mar, como los derechos sobre la plataforma continental y la obligación de no agravar una controversia en curso.

El TIDM está integrado por 21 jueces. Entre ellos figura la argentina Frida María Armas Pfirter, quien desde el 1 de octubre ejerce además la vicepresidencia del organismo.

El proyecto en disputa

Sea Lion es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum, operadora con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas y es considerado el principal emprendimiento hidrocarburífero de la zona.

Según el cronograma de las compañías, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027 y la producción comercial arrancaría en el primer trimestre de 2028. La primera fase prevé una extracción de unos 50.000 barriles diarios.

Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y que las medidas argentinas no alterarán el calendario de obras. Rockhopper calificó las acciones de Buenos Aires como ilegítimas y sin sustento jurídico. Por su parte, el gobierno británico mantiene que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y respalda las actividades realizadas bajo la legislación vigente en el archipiélago.

Para la Argentina, en cambio, la explotación sin su consentimiento vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y contradice las resoluciones de la ONU que instan a ambas partes a evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.