La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo, aunque el resultado ajustado obligó a La Libertad Avanza a introducir cambios para conseguir los votos necesarios. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, en una sesión marcada por las negociaciones entre los distintos bloques.

Las abstenciones de seis diputados cordobeses resultaron determinantes para que el Gobierno consiguiera la aprobación. Sin embargo, el oficialismo debió resignar uno de los puntos que buscaba modificar: la derogación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidas durante la administración kirchnerista en 2011.

La Ley de Tierras volvió al centro del debate

Durante la discusión parlamentaria, la derogación de la Ley de Tierras quedó vinculada a la estrategia del oficialismo para sostener otros aspectos de la iniciativa, en particular aquellos relacionados con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

En ese contexto, La Libertad Avanza aceptó mantener vigente la normativa de 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en Argentina. La decisión representó un cambio respecto de la intención original del Gobierno de eliminar esas restricciones.

El proyecto ya había sufrido modificaciones durante su tratamiento en el Senado, donde se había recortado el capítulo relacionado con el uso de tierras afectadas por incendios. Con los cambios introducidos en Diputados, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para que los senadores definan si aceptan las modificaciones o insisten con la versión que habían aprobado previamente.

Qué cambia en materia de propiedad privada

La iniciativa establece mayores requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Entre sus principales disposiciones, exige que la expropiación esté respaldada por una declaración de utilidad pública y que el propietario reciba una indemnización previa, calculada a valor de mercado.

Además, incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, la compensación por las ganancias que el titular del bien habría dejado de percibir como consecuencia de la expropiación.

Los defensores del proyecto sostienen que estas disposiciones buscan fortalecer las garantías de los propietarios frente al Estado. Por su parte, sus críticos advierten que los nuevos requisitos podrían elevar los costos y dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar terrenos privados.

Desalojos más rápidos y nuevos plazos

Otro de los ejes centrales del proyecto es la agilización de los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados, mediante procesos judiciales sumarísimos.

Según explicó el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio, la iniciativa busca facilitar la restitución de las propiedades a sus titulares. El legislador argumentó que las dificultades para recuperar inmuebles ocupados pueden desalentar la oferta de viviendas en alquiler.

Para los inmuebles destinados a vivienda, el proyecto establece que el propietario deberá intimar formalmente al inquilino por una deuda impaga y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para regularizar su situación.

Si la deuda no se cancela, podrá iniciarse la acción de desalojo, cuyo trámite tendrá un plazo adicional de diez días hábiles, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el texto aprobado.

La iniciativa también prevé la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó hechos o documentos para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, destinada a la contraparte.

Protección para personas en situación de vulnerabilidad

El proyecto contempla disposiciones específicas para los casos en que en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En esas circunstancias, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria. El plazo previsto para esa intervención será de hasta diez días, sin que ello implique detener el proceso judicial principal.

De esta manera, la iniciativa combina mecanismos para acelerar la recuperación de inmuebles con medidas de intervención institucional destinadas a atender situaciones de vulnerabilidad.

La definición final queda en manos del Senado

Pese a conseguir la aprobación en Diputados, el oficialismo no logró avanzar con todos los cambios que pretendía introducir en el régimen de propiedad privada. La continuidad de la Ley de Tierras de 2011 expuso los límites de la negociación parlamentaria y obligó al Gobierno a modificar su estrategia para sostener el resto de la iniciativa.

Ahora, el Senado deberá decidir si acepta las modificaciones realizadas por Diputados o si insiste con el texto original. De esa votación dependerá el futuro legislativo de una reforma que busca reforzar las garantías de la propiedad privada y modificar los procedimientos de expropiación y desalojo.