Una organización que cultiva cannabis con fines medicinales para terceros denunció ante la Justicia Federal el robo de unas 15 plantas de un invernadero de Bella Vista, en Tucumán. El predio estaba bajo custodia policial permanente por orden de un juez, quien había dispuesto preservar los ejemplares mientras se definía la situación legal del cultivo.

Según informó LA GACETA, la presentación fue realizada por los responsables de la Fundación Bendita Planta, asistidos por los abogados Patricio Char y Candelaria Hernández. En el escrito sostienen que los ladrones actuaron con tiempo y sin ser molestados, a pocos metros del efectivo que debía vigilar el lugar.

Cómo empezó el caso

En septiembre, personal de la Didrop de Bella Vista, durante tareas de prevención, detectó una plantación dentro de una vivienda. En el invernadero había alrededor de 200 ejemplares y los dueños de la casa, un hombre de 75 años y su pareja de 67, fueron demorados.

Con la asistencia de sus abogados, los responsables de la fundación se presentaron ante la Justicia Federal y explicaron que cultivaban cannabis medicinal para otras personas y que contaban con autorización. De acuerdo con los profesionales, acompañaron documentación que respaldaba esa postura.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió entonces que el cultivo no se interrumpiera hasta aclarar la situación, al considerar que estaba destinado a fines medicinales. También ordenó una consigna policial permanente para resguardar las plantas hasta la resolución del caso. A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de procedimientos, no dispuso arrancar ni secuestrar los ejemplares, y pidió que no se impidieran el riego ni las tareas necesarias para conservarlos.

Qué es un tercero cultivador

Se trata de una figura legal que, bajo ciertas condiciones, habilita a cultivar cannabis para otra persona. Para ejercerla se necesita una autorización vigente, y los productores aseguran que tramitarla o renovarla puede demorar varios meses. Esa demora es, justamente, uno de los puntos de fricción con las autoridades.

El relato del robo

Según la denuncia, en la madrugada del domingo desconocidos rodearon el invernadero, accedieron por la parte trasera, levantaron un plástico, retiraron la doble red y arrancaron de raíz unas 15 plantas. Los denunciantes afirman que los autores desarmaron la protección, eligieron los ejemplares y se fueron sin ser interceptados.

Los abogados indicaron que el policía estaba en un quincho a unos 20 metros, resguardado de la lluvia. De acuerdo con el escrito, el efectivo reconoció haber escuchado ladridos y pasos en el sector trasero, pero no acudió a tiempo, no distinguió a nadie ni inició ninguna persecución. Recién después revisó la zona y advirtió el plástico levantado y el interior alterado.

La dirección, en las redes oficiales

Los denunciantes también advirtieron que el Ministerio de Seguridad de la Provincia difundió en sus redes sociales la dirección del inmueble. Para ellos, esa exposición pública vinculada a la causa vuelve razonable pensar que el robo fue facilitado y representa un riesgo grave para quienes viven en el lugar.

Otro reclamo apunta a la custodia en sí. Sostienen que, antes de la consigna, los dueños de casa salían con linternas cada vez que los perros ladraban, y que esta vez no lo hicieron porque confiaron en que el Estado cumpliría con la tarea asumida. En su opinión, la presencia policial terminó desplazando la vigilancia que ellos mismos habrían ejercido.

Un conflicto que viene creciendo

El episodio se da en medio de una tensión cada vez mayor entre productores de cannabis medicinal y las autoridades de control. Personas que obtuvieron autorizaciones, pero no lograron renovarlas por demoras administrativas, denuncian procedimientos policiales que terminan con la destrucción de sus plantas. Abogados especializados plantean que esas situaciones deberían tratarse como infracciones administrativas y no necesariamente como delitos.

Las autoridades, en cambio, sostienen que actúan conforme a la ley: solo puede cultivar quien tenga autorización vigente, y la falta de habilitación puede derivar en una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Desde sectores judiciales remarcan esa postura.

Qué reclaman ahora

En su presentación, los integrantes de la fundación repudiaron lo ocurrido y expresaron su profundo malestar. Afirman que se perdió el trabajo de mantenimiento y el esfuerzo económico de los pacientes titulares de cada planta, y que además se frustró la conservación del material como elemento de prueba, algo que el juez había ordenado de manera expresa.

Hasta el momento, LA GACETA es el único medio que difundió el caso y no se conocieron comunicados oficiales del Ministerio de Seguridad ni de la Policía de Tucumán sobre la denuncia. La información corresponde a los dichos de los denunciantes en su presentación judicial.