El Gobierno de Tucumán autorizó una asistencia financiera reintegrable de hasta $4.238.703.912,65 para la Municipalidad de Banda del Río Salí, gobernada por Gonzalo Monteros, hijo del ministro del Interior, Darío Monteros. El dinero será destinado principalmente a garantizar el pago de los salarios de julio.
El dato que enciende la polémica es el contexto político: el municipio beneficiado está conducido por el hijo de uno de los hombres de mayor peso dentro del Gobierno provincial. Darío Monteros fue intendente de Banda del Río Salí antes de convertirse en ministro del Interior, mientras que ahora su hijo ocupa la conducción municipal. La transferencia multimillonaria, por sí sola, no demuestra una irregularidad, pero inevitablemente vuelve a instalar preguntas sobre los criterios a la hora de repartir recursos públicos.
El decreto habla de una “Asistencia Financiera Reintegrable”, pero al revisar el texto surge uno de los principales interrogantes: el instrumento fija el monto máximo y establece que deberán registrarse las futuras devoluciones, aunque no detalla en sus artículos las condiciones concretas bajo las cuales el municipio deberá devolver los $4.200 millones.
Los fondos saldrán de Rentas Generales de la Provincia y serán canalizados a través de la cuenta fiduciaria de la Municipalidad. Es decir, se trata de recursos públicos provinciales que serán puestos a disposición de un municipio que atraviesa dificultades para afrontar sus obligaciones salariales. La pregunta inevitable es si otros municipios en situaciones similares reciben el mismo tratamiento y bajo qué parámetros se define quién accede a estas asistencias.
El decreto sostiene que la operación se realiza dentro de las facultades otorgadas por la Ley N° 8.829 y el Acuerdo Fiscal con Municipios. También deja constancia de que el expediente pasó por organismos técnicos, presupuestarios y jurídicos antes de ser aprobado. Pero la discusión política no desaparece por tener respaldo administrativo: la transparencia también exige explicar por qué Banda del Río Salí necesita semejante asistencia y cómo se controlará cada peso.
Además, la Provincia establece que la liberación de los fondos estará sujeta a la disponibilidad del Tesoro provincial. Mientras tanto, el municipio deberá afrontar sus compromisos salariales con una asistencia que puede superar los $4.238 millones. Los interrogantes planteados: ¿se trata simplemente de un salvataje financiero necesario? ¿Porque Banda del Rio Sali necesita semejante monto para pagar sueldos? ¿estamos frente a una ayuda política que merece un nivel de explicación mucho mayor?
Por ahora, el documento oficial no permite afirmar que exista una maniobra irregular ni que el vínculo familiar haya sido determinante para otorgar los fondos. Pero sí permite formular preguntas que el Gobierno debería responder públicamente: ¿por qué ese monto?, ¿qué otros municipios recibieron asistencias similares?, ¿cuándo y cómo devolverá Banda del Río Salí el dinero?, ¿qué controles habrá sobre el destino de los fondos?
