Una semana marcada por dos hechos de extrema violencia en San Miguel de Tucumán derivó este viernes en un fuerte cuestionamiento político a la conducción de la seguridad provincial. El concejal radical José María Canelada sostuvo que el Gobierno se encuentra concentrado en la discusión electoral mientras los episodios delictivos se multiplican en las calles, y comparó el escenario actual con la etapa en que la provincia era gobernada por Juan Manzur.

El edil enumeró los dos casos que conmovieron a la capital tucumana en los últimos días: el asalto a un trabajador del transporte urbano y el crimen de un joven efectivo policial al que le robaron la motocicleta. A esos hechos les sumó los episodios vinculados con la aparición de armas en establecimientos escolares y el conjunto de robos que, según planteó, no alcanzan estado público.

Los dos casos que motivaron el reclamo

El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada del sábado pasado, cuando el agente Kevin Samuel Rueda, de 22 años, fue interceptado en la intersección de avenida Colón y Fortunata García, en la zona sur de la Capital. De acuerdo con las primeras pericias, al menos dos sospechosos lo abordaron y le efectuaron un disparo a quemarropa que le provocó la muerte casi en el acto, antes de escapar con su moto. Rueda se dirigía a su lugar de concentración para participar de un desfile oficial en Juan Bautista Alberdi y, en paralelo a su servicio, cursaba los estudios para convertirse en suboficial. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios.

El otro episodio se registró el domingo anterior, cerca de las 7 de la mañana, en el barrio 130 Viviendas. Un pasajero que viajaba solo en una unidad de la línea 3 se abalanzó sobre la cabina y atacó con un arma blanca al conductor, identificado en las crónicas policiales como Juan Pablo Bravo Carabajal. Herido, el chofer perdió el dominio del vehículo, que se desvió del recorrido y terminó contra un montículo de tierra. El trabajador llegó por sus propios medios hasta una garita policial y fue derivado al Hospital Centro de Salud, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Los partes médicos difundidos consignaron múltiples lesiones de arma blanca en el hombro derecho y un neumotórax; el concejal, en cambio, hizo referencia a un corte en la mano de la víctima, un detalle que no aparece reflejado en los informes oficiales conocidos hasta ahora.

Por ese ataque fue detenido Cristian Ezequiel Martino Bustos, de 27 años, con antecedentes penales, sobre quien recayó una imputación por homicidio agravado en grado de tentativa en ocasión de robo. La fiscalía obtuvo su prisión preventiva y sostuvo que existió una planificación previa del asalto.

La comparación con la gestión anterior

Canelada trazó un paralelo entre la política de seguridad vigente y la que se aplicaba bajo el ministerio de Claudio Maley, durante la administración de Manzur. Recordó con ironía los informes que aquel funcionario llevaba a la Legislatura y afirmó que, si se examina en profundidad el esquema actual, se advierte una desproporción entre la difusión de las medidas y sus efectos concretos.

Para respaldar esa lectura, el edil apeló al contacto territorial: sostuvo que basta recorrer los barrios para comprobar que los vecinos conviven con temor y no obtienen respuestas. Mencionó como ejemplo el caso de Villa Urquiza, donde, según relató, los residentes reclaman desde hace años presencia policial permanente y solo consiguieron el paso de una patrulla una vez por día.

El debate por la ampliación carcelaria

El concejal también puso en discusión uno de los principales anuncios oficiales en la materia: la ampliación del sistema penitenciario. El Complejo Penitenciario Benjamín Paz, ubicado en el municipio de Trancas, a unos 54 kilómetros de la capital provincial, fue presentado por el Gobierno como la mayor obra carcelaria construida en Tucumán en más de un siglo. Su segunda etapa fue inaugurada en septiembre del año pasado por el gobernador Osvaldo Jaldo y elevó la capacidad total del establecimiento por encima de las 1.400 plazas, con una inversión superior a los 27.000 millones de pesos.

Frente a ese dato, Canelada planteó un interrogante de fondo: por qué la provincia necesita cada vez más capacidad para alojar detenidos en lugar de concentrar el debate en cómo evitar que los delitos ocurran. Según su razonamiento, medir la seguridad por la cantidad de personas privadas de la libertad implica evaluar las consecuencias del delito y no los esfuerzos destinados a prevenirlo.

Subregistro, imagen judicial y volumen de causas

Otro de los ejes de la crítica fue la construcción de las estadísticas oficiales. El edil sostuvo que las cifras difundidas por el Gobierno omiten sistemáticamente el subregistro, es decir, el universo de personas que fueron asaltadas o sufrieron un robo y decidieron no radicar la denuncia.

En ese punto, citó un relevamiento del Grupo Borgia difundido este mes, según el cual la Justicia figura entre las instituciones con peor imagen entre los tucumanos. Aclaró que existen jueces, fiscales y empleados judiciales con buen desempeño, pero responsabilizó al oficialismo por el deterioro de la credibilidad del sistema, con una mención específica al ministro Fiscal Edmundo Jiménez.

Finalmente, el concejal recurrió a los propios datos del Poder Judicial. Señaló que, entre febrero y julio de este año, se dictaron cerca de mil prisiones preventivas y se llevaron adelante más de 11.000 audiencias penales, y que el robo encabezó los delitos registrados en los legajos. Para Canelada, ese volumen de causas contrasta con el discurso oficial sobre la mejora de los índices de seguridad y ni siquiera alcanza a reflejar la totalidad de los hechos ocurridos en la provincia, dado que una porción significativa de los vecinos no denuncia.