El 18 de diciembre de 2017, el Congreso fue escenario de una de las jornadas más violentas de la historia política reciente. Mientras el gobierno de Mauricio Macri impulsaba la reforma previsional, manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y las inmediaciones del Parlamento quedaron envueltas en enfrentamientos y gases lacrimógenos. La imagen quedó asociada a la expresión “14 toneladas de piedras”, popularizada posteriormente por Patricia Bullrich. Aunque la reforma terminó aprobándose, el episodio se convirtió en un símbolo del costo político que podía afrontar un Gobierno cuando intentaba avanzar con cambios estructurales frente a una movilización capaz de dominar la agenda pública.

Durante años, los cortes de calles y las grandes concentraciones funcionaron como herramientas centrales de presión política. La interrupción del tránsito, la paralización de zonas estratégicas y la repercusión mediática podían elevar el costo de una decisión oficial y obligar a abrir negociaciones. El escenario cambió con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada: el nuevo Gobierno decidió no tratar los bloqueos como una consecuencia inevitable de la protesta, sino como una interrupción de la circulación que debía ser despejada. La diferencia con etapas anteriores no estuvo solamente en el discurso, sino también en la decisión de sostener esa política frente a las convocatorias opositoras.

El 14 de diciembre de 2023, Bullrich anunció el protocolo antipiquetes, que establece la intervención de las fuerzas de seguridad ante cortes totales o parciales de vías de circulación bajo jurisdicción federal. La estrategia se complementó con la Línea 134, habilitada para recibir denuncias de beneficiarios de programas sociales que afirmaran sufrir presiones para concurrir a manifestaciones, y con el cambio en el esquema de intermediación de la asistencia social. El mensaje oficial fue directo: las organizaciones podían convocar a reclamar, pero no debían utilizar los planes sociales como mecanismo de presión ni bloquear las calles. Esa combinación apuntó a reducir tanto la capacidad de interrumpir la circulación como la estructura de movilización de los grupos piqueteros.

Los resultados aparecen en las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político, que releva diariamente los cortes de calles y rutas a partir de más de un centenar de medios de comunicación. En 2023 se registraron 8.239 piquetes en todo el país; en 2024 la cifra descendió a 5.996 y en 2025 llegó a 3.893. La reducción acumulada entre 2023 y 2025 fue del 52,8%, con el registro anual más bajo desde 2011. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales escenarios de la conflictividad, se contabilizaron 240 piquetes durante 2025, unos 200 menos que en 2024. Los números no significan que la protesta haya desaparecido, pero sí muestran que el corte de calles perdió una parte sustancial de su presencia como herramienta cotidiana de presión.

La Avenida 9 de Julio ofrece otro indicador del cambio. Según un relevamiento publicado por Infobae en enero de 2025, desde abril de 2024 no se registraban cortes totales sostenidos en esa arteria porteña; el informe atribuyó ese resultado a la aplicación del protocolo y al fin de la intermediación de las organizaciones sociales en la gestión de los planes.

El Ministerio de Seguridad también informó entonces que el protocolo había sido aplicado en 310 operativos desde su puesta en marcha, con alrededor de 50.000 efectivos movilizados. Se trata de cifras difundidas en ese momento y referidas a la aplicación de la política de seguridad, pero permiten dimensionar el cambio operativo: las convocatorias dejaron de tener garantizada la posibilidad de paralizar uno de los principales corredores de la capital.

El cambio también fue político y comunicacional. Milei y Bullrich instalaron la idea de que el Gobierno no modificaría sus decisiones por la presión de los cortes, y convirtieron el cumplimiento de las reglas de circulación en una de sus principales banderas. Esa posición contrastó con la dinámica de años anteriores, cuando el costo de una movilización podía obligar al oficialismo a moderar iniciativas o negociar con los sectores convocantes. A la vez, las redes sociales ampliaron la difusión de los operativos, las denuncias y las consignas oficiales, mientras las organizaciones opositoras tuvieron que competir por la atención pública sin contar necesariamente con el mismo poder de paralización territorial. La reducción de piquetes no demuestra por sí sola un cambio uniforme en la opinión pública, pero sí evidencia que la calle perdió parte de su capacidad de imponer condiciones inmediatas al Ejecutivo.

El balance es claro: la protesta social sigue existiendo, pero el corte de calles dejó de funcionar con la misma eficacia como mecanismo automático de presión sobre el Gobierno nacional. La caída de los piquetes, el debilitamiento de la intermediación social y la decisión oficial de sostener el protocolo modificaron las condiciones en las que se organiza el conflicto político. Para Milei y Bullrich, el objetivo es que las manifestaciones convivan con la circulación y que las decisiones de gobierno no queden sujetas a la capacidad de bloqueo de una organización. Después de años en los que la calle podía convertirse en un factor de veto, los datos muestran un escenario diferente: las organizaciones todavía pueden movilizar, pero tienen menos capacidad para paralizar la vida urbana y forzar, por esa vía, una respuesta política inmediata.