Cómo fue el episodio

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo el domingo 23 de agosto, cerca de las 23. Cuatro menores de 3, 9, 11 y 15 años se encontraban jugando frente a un domicilio del barrio cuando el comerciante, que vive en las inmediaciones, se acercó al lugar con un arma.

Siempre según la acusación, el hombre habría abierto fuego contra el grupo sin mediar palabra. Los investigadores contabilizaron al menos cuatro detonaciones. La corta distancia a la que se habrían producido los disparos fue uno de los elementos que más inquietó a los vecinos de la zona, que percibieron el episodio como una situación de riesgo generalizado.

La imputación y la audiencia

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Criminal II, que conduce el fiscal Ernesto Salas López. En la audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción, la acusación estuvo representada por el auxiliar de fiscal Facundo González.

El acusado fue imputado como presunto autor de abuso de armas en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la autorización legal correspondiente. El primero de esos delitos, previsto en el artículo 104 del Código Penal, sanciona el disparo intencional contra una persona aunque no se produzcan heridas y contempla penas de uno a tres años de prisión. La portación ilegítima de un arma de uso civil, contemplada en el artículo 189 bis, prevé una escala de uno a cuatro años.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Fiscal sostuvo que la conducta atribuida al comerciante fue grave, violenta e injustificada, y remarcó que se desplegó en la vía pública contra varias víctimas menores de edad, entre ellas una nena de apenas tres años. También señaló que el uso del arma generó temor y una situación de peligro para todo el barrio.

Qué resolvió el juez

La Fiscalía pidió que el acusado permaneciera en prisión preventiva durante un mes, con fundamento en la gravedad del hecho y en la existencia de riesgos procesales. El juez interviniente hizo lugar de manera parcial a ese requerimiento y fijó la medida en seis días.

Durante ese plazo continuarán las diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido, entre ellas la recolección de testimonios de vecinos y de las familias de los chicos, además de las pericias sobre el arma secuestrada. Vencido el término, la Justicia deberá definir si prorroga la detención o dispone otra medida mientras avanza el expediente.