Argentina atraviesa uno de los mayores ciclos de expansión minera de su historia. Con 71 proyectos en distintas etapas de desarrollo y más de 55.000 millones de dólares en inversiones potenciales, el país busca consolidarse como uno de los principales productores mundiales de minerales estratégicos. Si durante la última década el litio concentró la atención internacional, hoy el cobre emerge como el gran protagonista, con proyectos que por sí solos representan inversiones superiores a los USD 39.000 millones y podrían volver a posicionar a Argentina entre los principales productores globales.
Gran parte de este crecimiento encuentra un fuerte impulso en el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Desde su entrada en vigencia, la minería pasó a ser uno de los sectores con mayor participación dentro del esquema, acumulando alrededor de USD 59.000 millones entre proyectos aprobados y en evaluación. Iniciativas como Vicuña y Los Azules en San Juan, Salar de Rincón en Salta, Cauchari-Olaroz en Jujuy y Sal de Oro entre Salta y Catamarca reflejan cómo el nuevo marco de incentivos aceleró decisiones de inversión que permanecían demoradas desde hacía años.
En este nuevo escenario, el liderazgo se concentra en dos grandes polos. San Juan se consolida como el principal distrito cuprífero del país, con proyectos que superan los USD 31.000 millones en inversión, mientras que Jujuy, Salta y Catamarca fortalecen su posición como uno de los mayores centros mundiales de producción de litio a partir de salmueras. Ese corredor andino aparece hoy como el principal motor del crecimiento minero argentino y concentra la mayor parte de las inversiones previstas para la próxima década.
En contraste, Tucumán permanece al margen de la producción minera primaria. Especialistas atribuyen esta situación a una combinación de factores geológicos, legales e institucionales. La provincia no cuenta con salares de litio y su potencial metalífero aún no ha sido comprobado mediante estudios sistemáticos. A esto se suma la vigencia de la Ley Provincial 7.879, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de determinadas sustancias químicas, además de desafíos vinculados a la licencia social, la infraestructura y la seguridad jurídica. Sin embargo, se advierte que Tucumán no está completamente desvinculado del sector: procesa concentrados minerales en la planta de Ranchillos y la Universidad Nacional de Tucumán participa en YMAD, percibiendo regalías derivadas de la actividad minera.
Lejos de plantear que la única alternativa sea abrir nuevas minas, una estrategia diferente podria ser: convertir a Tucumán en el hub industrial, logístico y de servicios de la minería del NOA. La provincia reúne ventajas competitivas como su infraestructura vial y ferroviaria, el aeropuerto internacional, el entramado de industrias metalmecánicas, la capacidad de sus universidades y una ubicación estratégica para abastecer a los proyectos de Catamarca, Salta y Jujuy. Para lograrlo, se debería crear un clúster minero industrial, desarrollar un puerto seco vinculado al Belgrano Cargas, capacitar mano de obra especializada, otorgar incentivos fiscales a proveedores del sector y actualizar el inventario geológico mediante estudios científicos. A mediano plazo, también debemos abrir un debate técnico sobre la legislación minera vigente.
El desafío para Tucumán, no pasa solamente por buscar competir con las provincias que concentran litio o cobre, sino por integrarse a una industria que ya moviliza miles de millones de dólares en el norte argentino. Si logra posicionarse como proveedor de bienes, tecnología, logística, mantenimiento y capital humano para los grandes proyectos vecinos, la provincia podría captar parte del crecimiento del boom minero sin depender exclusivamente de la explotación de yacimientos propios, diversificando su economía y generando empleo de alto valor agregado.
