Las cuentas públicas de Tucumán muestran un deterioro significativo durante los primeros siete meses de 2026. Según los datos expuestos en el análisis, la Administración Pública No Financiera acumuló un resultado financiero negativo de $145.859 millones corrientes, que al actualizarse a precios de julio representa un déficit de $161.305 millones. El dato contrasta con el discurso oficial de “equilibrio financiero” sostenido por el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque desde el Gobierno provincial se argumentó que la evolución de los precios obligó a adecuar las partidas presupuestarias.
El contraste adquiere mayor dimensión al comparar la situación actual con el cierre de 2025. De acuerdo con las cifras presentadas, Tucumán había terminado el año pasado con un superávit de $49.482 millones a valores constantes de julio de 2026, pero siete meses después pasó a exhibir un rojo de $161.305 millones. En ese período, los ingresos provinciales habrían caído 2,6% en términos reales, mientras que el gasto aumentó 4,2%, configurando una combinación que explica buena parte del deterioro financiero señalado en el informe.
Uno de los puntos centrales del análisis está en la composición del gasto. Mientras las erogaciones corrientes aumentaron 5,6% real y los gastos de consumo crecieron 9,7%, el gasto de capital habría caído 31,9% y la inversión real directa un 31,3%. Es decir, el incremento del gasto no estaría acompañado por una expansión equivalente de la inversión pública. Esta dinámica es presentada como uno de los principales interrogantes sobre el destino de los recursos adicionales que está utilizando la administración provincial.
A esto se suma el pedido de ampliación presupuestaria enviado a la Legislatura, que supera el billón de pesos y ronda los $1,32 billones. El Presupuesto 2026 había sido aprobado por $4,981 billones y contemplaba originalmente un resultado positivo de $708 millones. Según el planteo analizado, la ampliación representa alrededor de un 25,6% sobre el presupuesto original y cerca del 81% de esos nuevos recursos estaría destinado a erogaciones corrientes, mientras que el resto correspondería a aplicaciones financieras.
La situación también alcanza al gasto en personal. Durante el primer semestre, siempre según las cifras citadas en el informe, las erogaciones salariales pasaron de $1,014 billones a $1,513 billones, un incremento nominal del 49,2%. Al mismo tiempo, el análisis cuestiona que este aumento del gasto se traduzca necesariamente en una mejora equivalente del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que la actualización de las partidas responde principalmente a una inflación superior a la prevista originalmente en el presupuesto.
Fuente: EnteratePlay
