El Gobierno nacional confirmó que una parte de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos, cuyo destino legal es la construcción y el mantenimiento de rutas, es administrada por el Ministerio de Economía dentro del esquema de equilibrio fiscal que ordena la política económica de la gestión de Javier Milei.

La precisión llegó del vocero presidencial, Adrián Ravier, en una entrevista con El Diario de La Pampa, provincia de la que es oriundo. Consultado sobre el punto, el funcionario señaló que no contaba con el dato exacto de cuánto se aplica al mantenimiento vial, pero indicó que una parte de esos impuestos se dirige a Vialidad y otra queda a disposición de la cartera que conduce Luis Caputo, como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en un escenario que describió como heredado y complejo.

Ravier subrayó que la red no está desatendida. Explicó que Vialidad Nacional mantiene representaciones con personal técnico en cada provincia, dedicadas de manera permanente a tareas de conservación, y sostuvo que el estado actual de las trazas no sería el que es si no existiera mantenimiento alguno.

Cómo funciona el SisVial

El Sistema Vial Integrado (SisVial) es un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/2001 y se financia con una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos previsto en la Ley 23.966. Su finalidad está definida por la normativa: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional.

El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación del fideicomiso y el Banco Nación cumple el rol de fiduciario, con una cuenta corriente específica a través de la cual se canalizan los movimientos. El esquema fue concebido en su momento para dar previsibilidad al financiamiento de la obra vial y responde a un diseño acordado en el marco de compromisos con organismos multilaterales de crédito.

Los números del fideicomiso

El detalle de la ejecución surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, elaborada a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.

Desde el inicio de la actual gestión y hasta mayo de 2026, el SisVial registró ingresos por $1.503.252 millones y ejecutó $394.406 millones en obras, equivalentes al 26,2% del total. La subejecución acumulada del período alcanza el 73,8%.

El comportamiento no fue uniforme. En 2024 se ejecutó el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones sobre $360.238 millones). En 2025 la proporción subió al 39% ($270.592 millones sobre $692.514 millones). Entre enero y mayo de 2026 volvió a ubicarse en el 18,5% ($83.144 millones sobre $450.500 millones).

Al 31 de mayo de este año, el fideicomiso mantenía $1.001.018 millones en colocaciones financieras —$854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos— y otros $37.761 millones en la cuenta corriente. En conjunto, $1.038.779 millones no aplicados a obra al cierre de ese mes.

El cálculo para Tucumán

El SisVial es un fondo de administración centralizada y no distribuye por provincia. De todos modos, la proporción según la extensión de la red permite estimar el alcance local del dinero no ejecutado.

Tucumán cuenta con 575 kilómetros de rutas nacionales —entre ellas la 9, la 38, la 157 y la 65—, que representan el 1,43% del total del país. Aplicada esa proporción a los fondos no aplicados a obra, el monto asociado a la provincia asciende a $14.859 millones. Para el conjunto del Noroeste Argentino, que incluye además a Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, la cifra llega a $160.760 millones.

En paralelo, un relevamiento de Vialidad Nacional ubica en estado malo al 60% de los kilómetros evaluados en la provincia, un diagnóstico que motiva reclamos recurrentes de transportistas y productores.

El planteo de la Provincia

El Gobierno de Tucumán tomó posición tras las declaraciones del vocero. El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, pidió que los recursos recaudados con asignación específica se vuelquen efectivamente a las rutas.

El funcionario remarcó que las trazas nacionales son una vía central para el transporte, el turismo y la producción provincial, y planteó que la cuestión no se agota en el estado del pavimento sino que involucra la seguridad vial. Nazur ya había reclamado en junio, tras una visita a la Legislatura, que la Nación asuma el mantenimiento de los cerca de 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Tucumán, y mencionó entonces que se encontraba en marcha el proceso de concesión de la Ruta 9.

Presentaciones judiciales

El tema también registra movimientos en tribunales. Una denuncia penal impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz plantea que los recursos del fideicomiso fueron inmovilizados en instrumentos financieros —plazos fijos del Banco Nación y letras del Tesoro como LECAP, BONCAP y LECER— en lugar de aplicarse a obra.

A fines de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo vinculado al estado de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe. En ese fallo, el juez Aurelio Cuello Murúa consideró que la situación de esas trazas no se explicaba por falta de recursos económicos sino por decisiones presupuestarias del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Transporte.

Concesiones: el esquema que impulsa la Nación

La administración nacional viene avanzando en un modelo de traspaso y concesión de corredores viales, con el criterio de que el mantenimiento de la red no debería depender de aportes del Tesoro. Ya delegó corredores a algunas provincias y negocia acuerdos similares con otras jurisdicciones.

De ese modo, la discusión sobre los fondos viales se cruza con un cambio más amplio en el esquema de administración de las rutas nacionales, en el que Tucumán aparece con 575 kilómetros de trazas bajo jurisdicción federal y un pedido provincial ya formalizado.