Política

1 de agosto de 2026

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El legislador Romano Norri propone financiar a los clubes tucumanos por cada chico que sumen a sus actividades

Un proyecto de ley propone crear un programa provincial que financie la participación de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en instituciones deportivas de toda la provincia. El sistema prevé un pago mensual directo a los clubes por cada beneficiario que asista efectivamente a las actividades.

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Escribe: Redactor4

Un proyecto de ley propone que el Estado provincial pague directamente a los clubes tucumanos la cuota de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de hogares vulnerables. El monto se actualizaría según el precio de la nafta y estaría atado a la asistencia real de cada beneficiario.

El acceso al deporte organizado volvió al centro del debate legislativo en Tucumán. El legislador Agustín Romano Norri presentó una iniciativa que propone la creación del Programa Provincial de Acceso Equitativo a la Práctica Deportiva en Clubes, un esquema pensado para que chicos de entre 5 y 17 años provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica puedan incorporarse a las actividades que ofrecen los clubes e instituciones deportivas de todo el territorio provincial.

El eje del proyecto es un mecanismo de financiamiento estatal que evita la intermediación de las familias. En lugar de otorgar un subsidio a los hogares, la propuesta establece que el Estado provincial transfiera un monto mensual de manera directa a cada institución adherida por cada chico que participe efectivamente de las actividades. La lógica apunta a eliminar la barrera económica que hoy impide sostener el pago de una cuota social o de un arancel deportivo, sin generar una carga administrativa adicional para quienes menos recursos tienen.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Estado de Deportes, con facultades para articular el programa junto a municipios, comunas rurales, federaciones, asociaciones y otros organismos vinculados al ámbito deportivo. Del lado de las instituciones, la adhesión no sería automática: los clubes deberían acreditar regularidad institucional, condiciones de seguridad adecuadas y certificar las disciplinas que efectivamente ofrecen.

Entre los objetivos declarados figuran garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad física, promover la inclusión social, favorecer el desarrollo físico, emocional y social de las infancias y adolescencias, consolidar el rol comunitario de los clubes de barrio y aportar a la sostenibilidad económica de esas instituciones mediante un esquema de financiamiento transparente. El texto incorpora además criterios específicos orientados a la inclusión de chicos con discapacidad, con exigencias de accesibilidad y de participación efectiva en las prácticas.

El control del gasto ocupa un lugar destacado en la redacción. La iniciativa prevé mecanismos de auditoría destinados a verificar la asistencia real de los beneficiarios y el uso correcto de los fondos públicos, de modo que el aporte quede atado a la participación concreta y no a la simple inscripción en un padrón.

El Legislador Agustín Romano Norri.

Para determinar cuánto cobraría cada club, el proyecto crea una unidad de medida propia denominada Módulo Deportivo Social. Su valor de referencia sería equivalente, como mínimo, al precio de diez litros de nafta súper de YPF en San Miguel de Tucumán, con actualización automática según la evolución del combustible. La elección de ese parámetro busca blindar el monto frente a la inflación y evitar que el aporte quede desactualizado, un problema recurrente en programas cuyos valores se fijan por decreto y pierden poder adquisitivo en pocos meses. Los pagos se realizarían por vías que permitan trazabilidad.

En los fundamentos, el legislador sostuvo que la práctica deportiva cumple una función social, educativa, sanitaria y comunitaria de peso, porque además del desarrollo físico fortalece la convivencia, la disciplina, el respeto y el sentido de pertenencia. Remarcó que en numerosos barrios tucumanos los clubes funcionan como espacios de contención y acompañamiento, y advirtió que el contexto económico volvió difícil el pago de una cuota, con la consecuencia de que la actividad deportiva termina relegada frente a otras necesidades básicas del hogar.

La propuesta apunta a resolver dos problemas de manera simultánea: que la situación económica familiar no determine quién juega y quién queda afuera, y que las instituciones deportivas cuenten con un ingreso previsible para afrontar gastos de funcionamiento, mantenimiento, materiales, profesores y competencias. En esa línea, el proyecto cita un estudio del laboratorio Táctica de políticas deportivas según el cual cada peso que el Estado invierte en una institución deportiva genera tres pesos para la economía del barrio.

El proyecto deberá ahora recorrer el trámite habitual de comisiones antes de llegar al recinto. De prosperar, Tucumán contaría con una herramienta provincial destinada a sostener desde el presupuesto público una actividad que, en buena parte de los barrios, funciona como primera puerta de entrada al deporte y como espacio cotidiano de contención para miles de chicos.


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