El Poder Ejecutivo puso este martes en marcha una de las discusiones políticas y económicas más relevantes del año con el ingreso formal a la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa, calificada tradicionalmente como la “ley de leyes”, definirá el rumbo fiscal, las metas de inflación y las previsiones de crecimiento, recaudación y gasto público para el último año de gestión de Javier Milei, al tiempo que funcionará como termómetro de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

A diferencia de presentaciones anteriores, el Presidente no acudirá al recinto para exponer personalmente los lineamientos del proyecto. Tampoco trascendió, hasta el momento, que el Gobierno organice un acto especial para la ocasión. El texto quedará así en manos de los bloques legislativos y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que comenzará a analizar en detalle las variables macroeconómicas propuestas por el equipo de Luis Caputo.

Equilibrio fiscal como eje innegociable

Desde el equipo económico insistieron en que el proyecto mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como condición central, un límite que la Casa Rosada busca sostener sin excepciones pese a las negociaciones políticas en marcha. En julio, el Ministerio de Economía ya había adelantado ante Diputados un documento de diecisiete páginas con las principales proyecciones para el período 2027-2029: desaceleración de la inflación, recuperación del salario real y continuidad del proceso de normalización de la economía. Las estimaciones oficiales contemplan además una reducción de la tasa de desempleo y mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia.

Obras a cambio de votos

La negociación con los gobernadores comenzó antes del ingreso formal del proyecto al Congreso. Según pudo reconstruirse, la Casa Rosada incorporó a la iniciativa una serie de obras de infraestructura vial, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento reclamados por distintas provincias, entre ellas Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy.

Entre Ríos aparece como uno de los casos más avanzados: fuentes oficiales confirmaron que el texto contempla obras de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y trabajos cloacales en Villaguay, tras gestiones del gobernador con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con Caputo. Mendoza, por su parte, sumó la continuidad de las tareas sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan, obras que ya contaban con partida durante 2026 y que ahora buscan garantizar su continuidad en el próximo ejercicio.

Desde el Gobierno aclararon que la inclusión de un proyecto en las planillas presupuestarias no garantiza que la obra comience efectivamente durante 2027 ni que sea financiada en su totalidad por la Nación. En algunos casos se trata de asegurar la continuidad de contratos ya en marcha; en otros, de habilitar partidas que podrían derivar en convenios posteriores entre Nación y provincias, en línea con el esquema que ya rige para la transferencia de unos dos mil kilómetros de rutas nacionales a las jurisdicciones, en el marco del Decreto 253/2026.

La estrategia política detrás del texto

La incorporación de obras forma parte de una negociación que excede lo estrictamente presupuestario. El oficialismo necesita reconstruir apoyos entre diputados y senadores vinculados a los gobernadores para destrabar su agenda legislativa, luego de varias derrotas y tensiones con el Congreso en los últimos meses. En ese marco, el Presupuesto aparece como una oportunidad para recomponer vínculos con las provincias sin resignar el objetivo fiscal.

El mensaje fue reforzado durante la reunión que Milei mantuvo el lunes con sus bloques legislativos, en la que Karina Milei planteó la necesidad de evitar enfrentamientos con potenciales aliados y concentrar la confrontación política en el kirchnerismo. La discusión del Presupuesto 2027 será, en ese sentido, la primera gran prueba de esa estrategia: combinar el ancla fiscal con las demandas provinciales necesarias para convertir el proyecto en ley antes de que termine el año.