El Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, y establece una reserva sobre los detalles de la operación, incluido el tipo de material, el costo, el proveedor y la fuerza que lo recibirá.
La decisión se conoció en un contexto de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Según la información proporcionada, el conflicto se intensificó por las medidas argentinas contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización nacional, las gestiones para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion y los planes de construir una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió con una protesta diplomática.
El decreto se apoya en la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y el Decreto 9390/63, que contempla la clasificación como secreto militar de determinadas adquisiciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las fuerzas. Bajo ese régimen, los organismos involucrados quedan exceptuados de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las contrataciones estatales, por lo que no se conocen los detalles de esta nueva operación.
La medida se suma a otras decisiones de reserva adoptadas durante la gestión de Milei, entre ellas las vinculadas con la compra de aviones de combate F-16 a Dinamarca y los contratos complementarios para su incorporación. Sin embargo, el nuevo expediente no menciona a esos aviones ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de instrumentar los actos necesarios para concretar la adquisición.
El reequipamiento militar del Gobierno incluye la adquisición de 24 cazas F-16 por USD 301,2 millones, la incorporación prevista de vehículos blindados Stryker y un programa para sumar helicópteros Black Hawk. También se incorporaron aviones de patrulla marítima P-3 Orion para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur. De acuerdo con los datos citados en la información original, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó más de USD 445 millones a armamento y equipamiento militar y de seguridad.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de endeudamiento por USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. La Armada evaluó propuestas de fabricantes de Francia y Alemania, aunque la inclusión de esos montos en el proyecto presupuestario no implica que las compras estén cerradas: todavía dependen de las decisiones políticas, la aprobación correspondiente y las condiciones de financiamiento.
La nueva adquisición bajo secreto militar abre otro capítulo en la modernización de las Fuerzas Armadas, mientras la disputa por Malvinas mantiene la atención sobre las capacidades de defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur. Por ahora, el Gobierno no hizo públicos el equipamiento que comprará, el monto de la operación ni el proveedor
