
Luego de la ajustada media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno nacional decidió desacelerar el ritmo legislativo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados. La estrategia impulsada desde Balcarce 50 busca evitar la acumulación de frentes de conflicto y focalizar las negociaciones en los proyectos económicos que el presidente Javier Milei considera prioritarios: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal.
La decisión de postergar la norma sobre propiedad privada responde al severo desgaste político que dejó su paso por la Cámara Alta, donde la iniciativa sufrió cuatro postergaciones, registró 17 versiones y requirió el retiro de capítulos sensibles —como la extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego— para alcanzar los 37 votos favorables.
El foco puesto en el BCRA e Inocencia Fiscal
De cara a la sesión proyectada para el 26 de agosto, el oficialismo concentrará sus contactos con los bloques dialoguistas en dos iniciativas centrales para el programa económico:
- Reforma del Banco Central: Busca restablecer como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohibir de forma tajante el financiamiento al Tesoro, provincias y municipios. Además, exige una mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras para remover a sus autoridades, limita la transferencia de utilidades y elimina las Letras Intransferibles.
- Inocencia Fiscal: Orientada a fortalecer el “tapón fiscal”, la norma restringe las revisiones retroactivas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y brinda garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero y al circuito del crédito.
Repensar la estrategia legislativa
En los despachos oficiales admiten la necesidad de reordenar las conversaciones para evitar que las resistencias de gobernadores y bloques aliados terminen afectando el avance de las reformas monetarias.
“Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, remarcan fuentes del Ejecutivo, aclarando que la postergación de Propiedad Privada no implica archivar la ley —que ya cuenta con avances clave en materia de expropiaciones, desalojos sumarísimos y digitalización registral—, sino retirarla de la urgencia inmediata hasta que las condiciones políticas permitan tratarla sin sobresaltos.