El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, generó una fuerte polémica al confirmar este martes que no separará de la fuerza a los cuatro efectivos imputados por la privación ilegítima de la libertad de una niña de 13 años. El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero en el barrio Juan XXIII —conocido como La Bombilla— durante un operativo de desalojo, cuando la menor fue esposada y traslada en un patrullero tras transmitir el procedimiento en vivo a través de la red social TikTok.

En declaraciones vertidas en Casa de Gobierno tras una reunión de la cúpula de seguridad, Girvau no solo ratificó a los uniformados en sus funciones, sino que garantizó el respaldo institucional de la fuerza: “Nosotros tenemos la obligación de defender a nuestro personal policial que va a una situación de riesgo. Ya vamos a poner los abogados que tengamos que poner para defender a nuestra gente”.

Un operativo bajo la lupa judicial 

Los efectivos imputados son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y las agentes Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los uniformados arrinconaron a la niña contra un móvil, la palparon, la esposaron con las manos hacia atrás y se la llevaron sin permitir el acompañamiento de su madre. La menor permaneció retenida durante seis horas y, de acuerdo con la fiscalía, sufrió golpes y el uso de gas pimienta.

A la causa —que contempla los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso funcional y falsedad ideológica— podría sumarse una acusación por abuso sexual, luego de que la madre denunciara que la niña fue manoseada en la zona del pecho durante la requisa.

Ante la consulta periodística por esta grave denuncia, Girvau minimizó las acusaciones: “Acá todo el mundo denuncia, todo el mundo puede decir lo que quiera. La Justicia va a decir sí o no. El policía también tiene derecho a defenderse y vive 100.000 situaciones al extremo en cada procedimiento”.

Sin apartamiento hasta que haya condena 

Cuestionado sobre los registros en video que documentaron el accionar policial, el jefe de la fuerza insistió en que el caso debe dirimirse en los tribunales y descartó de plano cualquier sanción administrativa preventiva contra los imputados.

“De ninguna manera se los va a apartar del cargo. Una vez que la Justicia los condene, se los apartará, pero hasta ahora se abrió una etapa investigativa que es algo formal”, argumentó Girvau, concluyendo que “muchas veces en un proceso judicial la Policía sale siendo víctima”.