Los tucumanos sufrimos desde hace décadas el servicio de EDET, que hoy, con el sinceramiento de las tarifas, no solo pasó a ser uno de los servicios más cuestionados de la provincia, sino también uno de los más caros. Pero hay una pregunta que pocas veces aparece en el centro de la discusión: ¿cuánto es realmente el costo del servicio y cuánto corresponde a recaudación para el Estado provincial y municipal?
La factura de EDET dejó de ser hace tiempo un documento que simplemente refleja el costo de la energía que consume un usuario. Tenemos que empezar a mirar más allá de la suma total que figura todos los meses y separar sus distintos componentes: nuestro consumo, los cargos de transporte y distribución, los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales, además de otros conceptos que encarecen el monto final y que no necesariamente se ven reflejados en la calidad de los servicios públicos, como ocurre con la iluminación en los barrios de San Miguel de Tucumán.
Al comprender que lo que pagamos mensual o bimestralmente no necesariamente representa un 100% de recaudación para la empresa, sino que también está compuesto por distintas escalas de impuestos y tasas, aparece una cuestión que merece mayor atención. La Ordenanza Tarifaria Municipal N.º 5487/25 estableció para 2026 una contribución del 10% destinada al mantenimiento del alumbrado público y otra del 5% para obras nuevas y mejoras.
Pero acá aparece una cuestión que considero central y que pocas veces se discute cuando hablamos de los aumentos de la luz: el Estado también recauda a través de la factura de EDET. Y esto cambia completamente la discusión. Cuando un tucumano recibe una factura que se volvió prácticamente impagable, no necesariamente todo ese dinero corresponde al costo de generar, transportar y distribuir la electricidad. Una parte termina financiando conceptos que corresponden a distintos niveles del Estado. El problema no es solamente que existan estos impuestos o contribuciones, sino que el ciudadano muchas veces no tiene una visión clara de cuánto está pagando por cada uno de ellos y qué recibe a cambio.
Y acá aparece una pregunta que debería ser obligatoria: si todos los meses los tucumanos pagan por el alumbrado público a través de la factura de EDET, ¿cuánto recauda efectivamente la Municipalidad y cuánto de ese dinero se utiliza realmente para mantener, mejorar y ampliar el sistema de iluminación? Porque una cosa es cobrar una contribución y otra muy diferente es demostrar que existe una relación razonable entre lo que se recauda y lo que cuesta el servicio que supuestamente se está financiando.
Y acá es donde aparece la verdadera discusión política: la transparencia no puede limitarse a publicar un presupuesto general. Si el Estado decide utilizar la factura de un servicio esencial como vehículo de recaudación, tiene que estar en condiciones de mostrarle al ciudadano cuánto dinero obtiene mediante ese mecanismo y cuál es su destino. EDET registra las percepciones realizadas para la Municipalidad y existe incluso un antecedente judicial en el que esos registros pudieron ser contrastados con los importes informados por el municipio. Es decir, la información existe. Lo que falta es convertirla en información pública, clara y comprensible para el ciudadano.
Por eso, la discusión sobre la factura de EDET tiene que cambiar de eje. No alcanza con preguntarnos cuánto aumentó la luz: tenemos que preguntarnos cuánto de lo que pagamos es realmente luz y cuánto es Estado. Si el ciudadano paga cada mes conceptos destinados a financiar servicios públicos, también tiene derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se administra ese dinero y en qué se utiliza.
Porque, en definitiva, el problema no es únicamente cuánto cuesta encender una luz. El verdadero problema es cuánto termina pagando el ciudadano, quién recauda cada peso y qué recibe a cambio. Si la factura de EDET se utiliza como herramienta para financiar servicios y obras públicas ¿Cuándo los vamos a ver reflejados en la realidad?
