El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), a cargo de la causa Vialidad, dispuso el embargo preventivo del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años de prisión domiciliaria. La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responde a un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y se enmarca en el proceso destinado a recuperar los 685.000 millones de pesos que la Justicia fijó como perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción en la obra pública vial.
El propio tribunal remarcó que la medida es cautelar y no implica ni una subasta inmediata ni un cambio de titularidad del inmueble: su función es impedir que la propiedad pueda venderse, transferirse o gravarse mientras avanza el proceso de decomiso definitivo. Es decir, por el momento Cristina Kirchner no está obligada a dejar el departamento.
Un interrogante que queda abierto
El expediente sí deja planteado un escenario a futuro: como San José 1111 pertenece a Los Sauces S.A., la inmobiliaria de la familia Kirchner, si la Justicia avanza con la ejecución del bien, la continuidad de la prisión domiciliaria en ese domicilio se volvería inviable y debería definirse judicialmente otro lugar de cumplimiento de la condena.
El propio departamento tiene un historial que forma parte del expediente judicial: fue adquirido por Los Sauces en 2015 al exsecretario de Cultura Jorge Coscia, en una operación pagada con instrumentos financieros que, según la investigación, se originaron en un depósito en efectivo cuyo origen la Unidad de Información Financiera no logró establecer.
Qué otros bienes fueron embargados
La resolución no se limita al domicilio de la expresidenta. También incluye un dúplex, cocheras y unidades complementarias del Complejo Madero Center, en Puerto Madero, además de inmuebles y terrenos de la familia Kirchner en El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos, entre ellos el chalet de Cristina Kirchner sobre la costanera santacruceña. La medida alcanza asimismo bienes de Máximo y Florencia Kirchner —pese a que ninguno de los dos fue condenado en Vialidad—, con el argumento de que la sentencia estableció beneficios económicos indirectos para la familia a partir de la relación comercial entre Lázaro Báez y las firmas Los Sauces y Hotesur. También quedó comprendido el dinero que Florencia Kirchner mantenía en una caja de seguridad bancaria, por más de cinco millones de dólares.
Parte de un proceso más amplio
Este nuevo paquete de embargos se suma a un primer listado de 111 propiedades cuyo decomiso ya fue ordenado por el TOF 2 y que actualmente está bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, el tribunal continúa trabajando sobre otros 144 bienes, entre inmuebles, vehículos y participaciones societarias, en el marco del mismo proceso de recupero patrimonial.
Por el momento, no trascendió si la defensa de Cristina Kirchner presentará alguna impugnación puntual contra el embargo del departamento de San José 1111.
