En una resolución de fuerte impacto institucional y político en la provincia, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La medida judicial frenó de manera drástica las incursiones de la Policía de la Provincia en los predios universitarios, determinando que los operativos desplegados por la fuerza provincial constituyeron una intromisión ilegítima y una violación directa a la autonomía universitaria y a la inmunidad de jurisdicción que ampara a los campus nacionales.
La causa se originó a partir de una presentación impulsada por la comunidad académica con el respaldo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), luego de una serie de episodios de violencia e intimidación registrados en la Facultad de Filosofía y Letras. Tras analizar los elementos de prueba aportados por los denunciantes y advertir inconsistencias y “fisuras en la documentación enviada por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de Tucumán”, la magistratura resolvió dictar una orden restrictiva inmediata contra las fuerzas de seguridad locales.
La orden judicial y el amparo del derecho a la protesta
El fallo estableció de forma taxativa la prohibición absoluta de acercamiento, hostigamiento o ingreso no autorizado de efectivos policiales provinciales tanto a las instalaciones de Filosofía y Letras como a cualquier otro predio dependiente de la casa de altos estudios y sus accesos directos. La resolución ordenó asimismo el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra los miembros de la comunidad universitaria que no cuente con una orden formal emitida por un juez federal.
Al fundamentar la decisión, el magistrado interviniente resaltó la tutela constitucional que cobija a las manifestaciones públicas en el ámbito académico. El dictamen subrayó que la protesta social impulsada en reclamo de presupuesto y en defensa de la educación pública representa un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, petición ante las autoridades y reunión pacífica. En esa línea, la sentencia remarcó que las fuerzas estatales carecen de atribuciones para disuadir derechos políticos o sociales mediante métodos coactivos, debiendo ajustar su accionar a un estricto criterio de proporcionalidad y respeto a las garantías fundamentales.
Los antecedentes del conflicto en la Facultad de Filosofía y Letras
El origen de la presentación judicial se remonta a mediados de octubre, en el marco de las medidas de fuerza llevadas a cabo en la UNT por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según consta en el escrito denunciante, el primer incidente ocurrió el 15 de octubre cuando un agente de la Policía provincial ingresó al edificio de Filosofía y Letras, acorraló a un alumno en el sector de sanitarios y procedió a amedrentarlo físicamente tras cerrar la puerta del recinto.
El segundo episodio de gravedad tuvo lugar al día siguiente, el 16 de octubre, cuando un contingente de cuatro efectivos pertenecientes a la división de Infantería irrumpió en las instalaciones portando armamento de fuego y escudos de protección. La fuerza provincial se retiró del lugar únicamente tras la intervención directiva y las recriminaciones de una docente presente en el establecimiento.
A pesar de que el decano de la facultad, Sergio Robin, mantuvo una reunión institucional con el ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, en la que el Ejecutivo local se comprometió a investigar el accionar policial, los estamentos universitarios decidieron profundizar la vía judicial. Tras conocerse el fallo favorable, desde el gremio Adiunt celebraron la resolución como una victoria en la defensa del presupuesto y la independencia de la universidad pública, ratificando que mantendrán las denuncias para deslindar las responsabilidades políticas de la cúpula provincial.
