Las desapariciones forzadas en Nicaragua dejaron de ser episodios aislados para consolidarse como un patrón represivo, prolongado y sistemático dirigido contra voces críticas. Así lo determinó el informe “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas y presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde la irrupción de las protestas sociales en abril de 2018, el organismo internacional ha verificado al menos 161 casos de personas capturadas por fuerzas estatales o de paragubernamentales cuyo paradero fue deliberadamente ocultado a sus familias y defensas legales durante días, meses o años. No obstante, el informe advierte sobre la existencia de un subregistro significativo provocado por el temor a represalias y el desmantelamiento de las organizaciones civiles de derechos humanos en el país. Al 31 de agosto de 2026, al menos 29 personas continuaban en condición de desaparición forzada.

De detenciones breves a la desaparición estratégica prolongada 

El documento elaborado por el grupo de expertos precisa que el mecanismo punitivo ha mutado en su alcance y duración. Lo que en un principio se ejecutaba como un método de amedrentamiento de corta duración mutó, a partir de 2023, hacia una práctica recurrente de ocultamiento prolongado.

El perfil de los afectados se ha ampliado progresivamente e incluye a:

• Líderes religiosos y comunitarios: Pastores, sacerdotes y referentes sociales.
• Periodistas y activistas: Comunicadores independientes, profesionales de la educación y referentes de la sociedad civil.
• Dirigentes políticos e indígenas: Activistas de oposición, militantes territoriales y líderes de comunidades originarias.
• Exintegrantes del aparato estatal: Militares retirados, exfuncionarios públicos y disidentes del sandinismo, así como del entorno familiar de perseguidos políticos.

Operativa de captura e indefensión absoluta 

El patrón de actuación documentado por Naciones Unidas se inicia con aprehensiones arbitrarias sin orden judicial, ejecutadas en domicilios, lugares de trabajo o vía pública mediante operativos con personal policial, civiles armados encapuchados y vehículos sin identificación oficial.

Posteriormente, las autoridades estatales niegan la detención o se abstienen de brindar información sobre el lugar de reclusión. Los familiares se ven forzados a peregrinar por dependencias policiales, centros penitenciarios y sedes judiciales recibiendo respuestas evasivas o contradictorias.

Esta condición de aislamiento despoja a la persona detenida del amparo legal, dejándola expuesta a situaciones de tortura, tratos crueles, privación de asistencia médica y falta de acceso a condiciones básicas de subsistencia. Paralelamente, la ONU remarca que la angustia e incertidumbre constante impuesta sobre los familiares constituye en sí misma una forma de trato cruel e inhumano.

Casos emblemáticos y crímenes de lesa humanidad El reporte detalla trayectorias de privación de libertad que abarcan tanto a personas liberadas y desterradas como a casos que permanecen abiertos:

• Víctor Ticay (Periodista): Detenido en abril de 2023 y mantenido desaparecido durante 67 días.
• Freddy Quezada (Docente universitario): Ocultado durante 282 días antes de su posterior expulsión del país en septiembre de 2024.
• Víctor Boitano Coleman (Coronel retirado): Contabilizaba 861 días en paradero desconocido al cierre del período analizado por la ONU.
• Eddie González Valdivia: Acumulaba 779 días de desaparición forzada.
• Steadman Fagoth Müller (Líder indígena): Sumaba al menos 80 días sin prueba pública de vida.

El Grupo de Expertos enfatizó que la figura de desaparición forzada no exige un lapso mínimo de tiempo para configurarse: basta la privación de libertad combinada con la aquiescencia estatal y el rechazo a informar sobre el destino de la víctima. Finalmente, el organismo concluyó que la persistencia de esta práctica en el marco de un ataque generalizado contra la población civil constituye prima facie el crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos.