Una presunta organización dedicada a cometer estafas inmobiliarias y financieras quedó en el centro de una investigación judicial en Tucumán, luego de una serie de allanamientos realizados el martes 6 de octubre. El operativo terminó con cuatro sospechosos detenidos, entre ellos el señalado como jefe de la estructura y un integrante de una fuerza de seguridad nacional. Según el Ministerio Público Fiscal, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico superior a los $1.000 millones.
La investigación comenzó en 2023, a partir de denuncias de personas que afirmaban haber sido perjudicadas en operaciones vinculadas con la firma Constru Servicios S.A.S. La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, sostiene que la empresa y otras denominaciones comerciales habrían sido utilizadas como fachada para captar compradores, inversores y proveedores. La hipótesis fiscal ubica el inicio de las maniobras en 2021.
Uno de los mecanismos investigados consistía en ofrecer terrenos a través de Facebook y atender a los interesados en oficinas de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Según la acusación, algunos lotes no pertenecían a quienes los vendían o estaban involucrados en conflictos judiciales. El abogado querellante Juan Guerrero afirmó que los compradores recibían garantías sobre la situación legal de los inmuebles y que, además, se les solicitaban transferencias mensuales por supuestos trabajos de mantenimiento, desmalezamiento y limpieza.
Las sospechas también alcanzan contratos para construir viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y operaciones financieras con particulares y proveedores. De acuerdo con la investigación, los acusados habrían solicitado dinero para financiar proyectos y entregado cheques de pago diferido que inicialmente eran abonados. Esa primera etapa de cumplimiento habría generado confianza y favorecido nuevas entregas de capital, hasta que comenzaron los rechazos por falta de fondos o el cierre de las cuentas bancarias. La Fiscalía sostiene que varias obras terminaron abandonadas y que proveedores perdieron mercadería.
Tras los allanamientos, el miércoles 7 de octubre se realizó la audiencia de formulación de cargos. El fiscal López Ávila atribuyó a los cuatro sospechosos los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos. El juez Augusto Paz Almonacid dispuso cinco meses de prisión preventiva para el señalado como principal responsable y 35 días para cada uno de los otros tres imputados. La medida busca asegurar su sometimiento al proceso y no implica una declaración de culpabilidad.
La investigación continúa con el análisis de contratos, registros financieros, dispositivos y documentación secuestrada para establecer el destino del dinero, identificar a otros posibles involucrados y determinar cuántas personas fueron perjudicadas. El expediente reúne más de una decena de denuncias, pero los investigadores creen que la cifra podría aumentar. Guerrero advirtió que la causa recién comienza a revelar su dimensión y señaló que podrían incorporarse nuevas evidencias y posibles acusaciones durante las próximas etapas del proceso.
