Hay mañanas que parten una historia en dos. La del 31 de julio de 2006 fue una de esas en Tucumán. Ángela Beatriz Argañaraz, “Betty” para todos, tenía 45 años y salió de su casa rumbo al Colegio San Francisco para asumir como directora. Era el día más importante de su carrera. Nunca llegó. Veinte años después, la pregunta sigue sin respuesta: dónde está su cuerpo.

En vísperas del aniversario, su hermana Liliana volvió a hablar y dejó una afirmación que sacudió a la provincia. Sostuvo que accedió a información sobre el paradero de los restos de la maestra y que una persona le aseguró que Betty se encuentra en algún sector del propio establecimiento educativo. Ese informante, según explicó, teme por su vida y por esa razón se niega a prestar declaración formal ante la Justicia.

Liliana relató que llegó a encontrarse cara a cara con esa persona para escuchar su versión. Definió aquel encuentro como uno de los momentos más tensos que atravesó desde el crimen y aseguró que entendió el temor del informante apenas percibió cómo hablaba del caso: el miedo era real y estaba a la vista.

Aunque considera que se trata de una pista concreta, la hermana de la docente lamenta no haber conseguido respuestas oficiales. Contó que durante los últimos años intentó acercar la información a integrantes del Ministerio Público Fiscal y pidió que se designara una fiscalía dedicada a continuar la búsqueda de los restos. Ninguno de esos reclamos prosperó.

La sensación que quedó en la familia es que, obtenidas las condenas, el expediente se detuvo. Para el sistema judicial el caso se transformó en un antecedente celebrado; para los Argañaraz, Betty sigue desaparecida. Liliana resume ese contraste con una frase que repite hace años: no siente que se haya hecho justicia.

La investigación que encabezó la fiscal Adriana Giannoni reconstruyó los movimientos de aquella mañana. Betty tomó un colectivo, bajó cerca del centro y subió a un remís. El chofer declaró en el juicio que la dejó a pocos metros de un departamento de calle Catamarca al 30, donde vivían dos compañeras de trabajo: las exnovicias Susana del Carmen Acosta y Nélida Fernández. Varios testigos la vieron entrar al edificio. Nadie la vio salir.

En ese departamento fue asesinada a golpes. Las pericias con luminol detectaron rastros de sangre de la maestra en las paredes, y la hija adoptiva de la pareja declaró haber escuchado gritos y golpes desde su habitación. El móvil, según la reconstrucción judicial, combinó ambición y celos: Acosta aspiraba al cargo de directora que le habían dado a Betty, y la designación había generado tensiones internas que varias docentes describieron de manera reservada. Esos testimonios fueron la punta del ovillo.

En diciembre de 2009 el tribunal condenó a ambas a 20 años de prisión por homicidio simple. El fallo se convirtió en un hito: una condena por homicidio sin que apareciera el cuerpo, algo poco frecuente en la Justicia argentina, que después sirvió de referencia para otros procesos.

El expediente sumó capítulos que profundizaron el malestar de la familia. En 2013 las condenadas se casaron dentro del penal de mujeres, y poco después Nélida pasó a llamarse Marcos Daniel tras un cambio registral de género.

En junio de 2023 la Justicia otorgó la libertad condicional a Acosta y en mayo de 2024 el beneficio alcanzó también a Fernández. Ese esquema se quebró meses más tarde, cuando se comprobó que ambos habían fijado domicilio en San Miguel de Tucumán pero vivían en El Cadillal sin autorización judicial: los beneficios fueron revocados y regresaron a prisión. Según detalló Liliana, en la última audiencia de control les informaron que en agosto se completaría el cumplimiento de la sentencia.

Hay una hipótesis que Liliana sostiene desde el primer día y que volvió a poner sobre la mesa: Acosta y Fernández tuvieron ayuda. Le resulta imposible que dos personas hayan logrado ocultar un cuerpo durante veinte años sin colaboración de terceros. Cree que hubo cómplices en el encubrimiento y que todavía guardan silencio.

También apuntó a personas con influencia en ámbitos institucionales y eclesiásticos que, a su entender, nunca aportaron todo lo que sabían sobre lo ocurrido.

La familia aclara que a esta altura no busca revancha ni nuevas condenas. Busca una sola cosa: recuperar los restos, darles sepultura y cerrar un duelo que lleva dos décadas abierto. Por eso Liliana insiste con un pedido a la comunidad tucumana: que quien sepa algo se anime a hablar.

Este viernes, familiares y allegados se reunirán en una misa a las 19 en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, en Santiago 871, para recordar a Betty y volver a reclamar verdad. Veinte años después, la deuda pendiente sigue siendo la misma.