José Ricardo Ascárate dejó la conducción del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, el organismo encargado de fiscalizar a las prestadoras de electricidad, agua y gas en la provincia. Su salida se produce a poco más de dos años de haber asumido y en el peor momento institucional del ente, atravesado por un enfrentamiento abierto entre sus dos máximas autoridades, protestas gremiales y cuestionamientos de usuarios y legisladores por el control de las tarifas.
El dirigente radical, que hasta mayo de 2024 se desempeñaba como secretario de Energía, había sido designado interventor único mediante el decreto de necesidad y urgencia 3/1 de ese año, ratificado por la Ley 9755. La intervención se había anunciado originalmente por 120 días, tras una ola de calor que en marzo dejó a miles de tucumanos sin luz durante días, pero luego se extendió hasta el 28 de octubre de 2027, es decir, hasta el final del mandato del gobernador. La Legislatura convalidó esa decisión con 33 votos a favor y siete en contra, en una sesión donde la oposición cuestionó tanto la duración de la medida como la utilidad misma del organismo.
El punto de quiebre llegó en abril de 2026. Un decreto acuerdo firmado el 29 de ese mes, ratificado por la Ley 9982, creó dentro del ente el cargo de subinterventora administrativa financiera con autonomía exclusiva en esa materia y colocó allí a Ingrid Lausberg, desplazada un año antes de la vicepresidencia de Canal 10. Desde entonces, el organismo quedó con dos cabezas y con una zona gris de competencias que terminó por estallar.
La chispa se encendió el 22 de julio. Ese día, la Intervención remitió a la Unidad de Recursos Humanos la Nota 159/2026, con un pedido de informe sobre la situación de revista de trece agentes y un plazo de apenas 24 horas para responder. La reacción fue inmediata: en la misma jornada, Lausberg abrió el expediente 4217/390-L-2026 e intimó formalmente a Ascárate a cesar toda orden, instructivo o requerimiento directo que se emitiera en materia administrativa y financiera sin su firma.
Los términos de esa presentación fueron durísimos. La subinterventora habló de incompetencia, de usurpadora delegación de funciones y de la posible configuración de delitos contra la Administración Pública, con mención expresa a los artículos 246, 248 y 249 del Código Penal, que tipifican la usurpación de funciones y el abuso de autoridad. También sostuvo que ninguna estructura jerárquicamente inferior podía arrogarse facultades paralelas de administración y control patrimonial, calificó la maniobra como una desviación de poder y se reservó la posibilidad de elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y a la Justicia penal. Como agravante, vinculó el plazo de 24 horas con un contexto de hostigamiento hacia la jefa de Recursos Humanos y recordó una denuncia penal previa por amenazas contra esa funcionaria.
Ascárate respondió al día siguiente y rechazó de plano la intimación. Su argumento central fue que el propio artículo segundo del decreto que creó la subintervención establece que esas competencias rigen sin perjuicio de las facultades propias de la Intervención, por lo que las atribuciones que le habían otorgado los decretos de 2024 seguían plenamente vigentes. Agregó que un pedido de informes a Recursos Humanos es una gestión ordinaria prevista en el Manual de Funciones del organismo y que las facultades invocadas por su segunda corresponden, según la ley que rige el ente, al Directorio y no a la subintervención. Cerró exigiendo que la nota original fuera contestada, al no encontrar fundamento para la demora.
Días después, con el cruce ya en estado público, Lausberg difundió un comunicado en el que negó que existieran diferencias de orden personal con el titular del organismo y reivindicó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo coordinado entre las áreas. El texto, sin embargo, no desactivó la interna: para entonces el conflicto ya había escalado a otro frente.
El gremio que nuclea a los trabajadores del ente realizó un paro parcial y salió a denunciar a la subinterventora por desoír reclamos sensibles, entre ellos la falta de pago del beneficio de entierro y luto a los familiares de un empleado fallecido y la falta de renovación de contratos de agentes con tareas clave. Los trabajadores llevaron además una nota a la Intervención en la que denunciaron atropellos y hostigamiento, y plantearon que la medida de fuerza buscaba que el propio gobernador tomara conocimiento de la situación.
Todo esto ocurre mientras el organismo enfrenta una demanda creciente de los usuarios por el valor de las boletas, los cortes de servicio y los efectos de la segmentación de subsidios nacionales. Concejales capitalinos ya habían advertido que el ente pone dificultades a los reclamos particulares en lugar de actuar de oficio, y desde la Legislatura se cuestionaron los cálculos del organismo sobre las obras eléctricas. Con la salida de Ascárate, la provincia deberá definir quién queda al frente de un ente clave, con la intervención vigente por decreto hasta 2027 y con una estructura de mando que la propia gestión provincial dejó partida en dos.
