La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con un nuevo registro obligatorio para los conductores que trabajan mediante plataformas digitales como Uber y DiDi. Desde el Ejecutivo municipal presentan la iniciativa como una herramienta para mejorar los controles y brindar mayor seguridad, pero la medida abre un interrogante central: ¿quién terminará pagando el costo de una regulación cada vez más exigente?
El municipio sostiene que Uber y DiDi no cumplieron con las obligaciones establecidas por la normativa y que, en consecuencia, se agotaron las instancias administrativas, con intimaciones y sanciones económicas incluidas. Cabify, en cambio, habría cumplido con lo dispuesto. Ahora, la Municipalidad pretende avanzar directamente sobre los conductores mediante un padrón propio, lo que agrega nuevas exigencias para quienes quieran continuar trabajando a través de las aplicaciones.
Entre los requisitos anunciados aparecen la licencia profesional D1, un seguro específico para transportar pasajeros y el certificado de antecedentes penales. A esto se suma una restricción sobre los vehículos: solamente podrán prestar el servicio aquellos modelos 2013 en adelante. Aunque desde el municipio aseguran que se trata de condiciones necesarias para ordenar la actividad, cada requisito adicional representa tiempo, trámites y potenciales costos para los conductores.
Y allí aparece el principal cuestionamiento: si aumenta el costo de operar, es difícil pensar que ese impacto no termine trasladándose al precio del viaje. Un conductor que deba afrontar mayores gastos para mantener su vehículo habilitado, contratar seguros específicos o completar nuevos trámites puede tener menos margen para sostener las tarifas actuales. En última instancia, la cuenta podría llegar al pasajero mediante viajes más caros o una menor cantidad de conductores disponibles.
Además, si las exigencias terminan expulsando a parte de los trabajadores de las plataformas, también podría reducirse la oferta disponible. Menos conductores significa potencialmente mayores tiempos de espera y precios dinámicos más elevados, especialmente durante horarios de alta demanda. El municipio sostiene que busca generar condiciones iguales entre taxis y plataformas, pero el desafío será evitar que esa equiparación termine eliminando justamente una de las principales ventajas que encontraron los usuarios en estos servicios: mayor disponibilidad y, en muchos casos, precios competitivos.
La regulación todavía debe mostrar cuáles serán sus efectos concretos. El argumento oficial es que el padrón permitirá mejorar los controles y brindar mayor seguridad, pero también será necesario evaluar cuánto costará todo este nuevo esquema y quién absorberá esos costos. Si el objetivo es proteger al usuario, la discusión no debería limitarse a controlar quién conduce, sino también a garantizar que la regulación no termine convirtiendo una alternativa de transporte accesible en un servicio cada vez más caro y difícil de utilizar.
