Una ciudad que pasó del miedo al colapso

Ceuta amaneció completamente desbordada. Entre el 29 y el 31 de julio, miles de personas cruzaron desde Marruecos por el espigón y distintos sectores de la frontera, provocando la mayor crisis migratoria que recuerda la ciudad.

El CETI, preparado para poco más de 500 personas, quedó ampliamente superado. Los centros de menores denunciaron una sobreocupación de hasta un 1.600%, mientras las imágenes recorrían el mundo: personas llegando a nado, familias enteras exhaustas, policías incapaces de contener la magnitud del ingreso y vecinos que, de un día para otro, comenzaron a vivir con miedo e incertidumbre.

Hay comercios cerrados, escuelas que suspendieron actividades y una ciudad que quedó paralizada. Los propios habitantes de Ceuta viven una contradicción difícil de explicar. Por un lado, ven personas heridas, cansadas y desesperadas buscando una oportunidad. Por otro, sienten que el Estado dejó de proteger a quienes viven allí desde hace generaciones. La solidaridad existe, pero también existe el miedo cuando una ciudad deja de funcionar con normalidad.

Pedro Sánchez habló de una “violación a la integridad territorial de España”. Sus palabras reflejan la gravedad institucional del episodio, pero difícilmente alcancen para tranquilizar a una población que exige algo mucho más concreto: recuperar el control de la frontera.

La frontera también es geopolítica

Pensar que esto ocurrió solamente porque miles de personas decidieron emigrar sería quedarse con una parte muy pequeña de la historia.

Ceuta y Melilla son las únicas ciudades de la Unión Europea ubicadas en el continente africano. Marruecos las reclama desde hace décadas como parte de su territorio, aunque España sostiene que forman parte de su soberanía desde siglos antes de la conformación del Estado marroquí moderno. De hecho, Naciones Unidas nunca las incorporó a la lista de territorios pendientes de descolonización, como sí ocurrió con el Sáhara Occidental.

Pero el verdadero trasfondo está justamente allí.

Desde hace décadas, Marruecos y Argelia disputan la influencia política y militar en el norte de África. El principal punto de conflicto es el Sáhara Occidental. Mientras Rabat sostiene que forma parte de su territorio, Argelia respalda al Frente Polisario y la autodeterminación del pueblo saharaui. La rivalidad entre ambos países es tan profunda que rompieron relaciones diplomáticas en 2021.

España quedó atrapada en esa disputa.

En 2022, Pedro Sánchez sorprendió al respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, mejorando notablemente la relación con Rabat. Sin embargo, ese acercamiento deterioró el vínculo con Argelia, principal proveedor de gas natural de España.

En las últimas semanas, Madrid volvió a mirar hacia Argel. La necesidad de garantizar el suministro energético llevó al Gobierno español a recomponer el diálogo político y comercial con el país africano. Paralelamente, el Congreso comenzó a debatir iniciativas favorables a los saharauis. En Marruecos, esos gestos fueron interpretados como un cambio de posición.

¿Existe una prueba definitiva de que Rabat haya utilizado la inmigración como herramienta de presión? No. Pero tampoco puede ignorarse el antecedente de 2021, cuando una crisis diplomática terminó acompañada por una relajación de los controles fronterizos. Cuando la llave de una frontera depende de la decisión política de otro Estado, la inmigración deja de ser solamente un problema humanitario para convertirse también en una herramienta geopolítica.

El debate que Europa no quiso dar

Durante años, Europa apostó por una inmigración creciente. Tenía razones para hacerlo. Su población envejecía, necesitaba trabajadores y el discurso humanitario parecía la respuesta moralmente correcta.

Pero hubo una pregunta que casi nadie quiso hacerse.

¿Qué ocurre cuando llegan más personas de las que una sociedad puede integrar?

Recibir inmigrantes no consiste únicamente en abrir una frontera. Significa ofrecer trabajo, vivienda, educación, seguridad y una integración real. Cuando ese proceso falla, aparecen tensiones que no desaparecen por dejar de hablar de ellas.

Durante demasiado tiempo, cuestionar las políticas migratorias fue suficiente para recibir la etiqueta de xenófobo. Como si discutir la capacidad de un Estado para controlar sus fronteras fuera incompatible con respetar la dignidad de quienes emigran.

No lo es.

Toda persona merece respeto, pero también toda nación tiene derecho a decidir quién entra a su territorio, en qué condiciones y hasta dónde puede absorber un flujo migratorio sin poner en riesgo el bienestar de quienes ya viven allí.

El ciudadano también importa

Durante años el debate estuvo centrado exclusivamente en el inmigrante. Se habló de su pobreza, de las guerras que escapaba, de las oportunidades que buscaba. Y muchas de esas historias son reales.

Lo que casi nunca se preguntó fue qué ocurre con el ciudadano que recibe esa realidad.

¿Qué siente el vecino que ve cerrar la escuela de sus hijos? ¿Qué piensa el comerciante que baja la persiana porque la ciudad quedó colapsada? ¿Qué respuesta recibe quien paga impuestos y observa que el Estado parece incapaz de garantizar algo tan básico como el control de sus fronteras?

Defender el derecho de un país a proteger su identidad, su seguridad y su cohesión social no es un acto de odio. Tampoco significa rechazar al extranjero. Significa recordar cuál es la primera obligación de cualquier gobierno: cuidar a sus propios ciudadanos.

La inmigración nunca debería ser un tema prohibido. Porque cuando las preocupaciones de una sociedad se silencian en nombre de lo políticamente correcto, los problemas no desaparecen. Simplemente se agrandan.

Una advertencia para Europa

Ceuta no es solamente una ciudad española.

Es el lugar donde Europa comenzó a descubrir que las buenas intenciones, por sí solas, no alcanzan para sostener una política migratoria.

La solidaridad es una virtud, pero ninguna sociedad puede construirla renunciando al orden. Un Estado tiene el deber moral de ayudar a quien lo necesita, pero también la obligación de proteger a quienes ya forman parte de su comunidad.

Porque cuando una nación deja de controlar sus fronteras, deja de decidir quién entra a su casa.

Y cuando un país deja de decidir sobre su propia casa, tarde o temprano otros terminan decidiendo por él.