Un estudio de la realidad provincial nos exige mirar más allá de la escena delictiva diaria y los pormenores sociales para observar la arquitectura de nuestras instituciones. La percepción de vulnerabilidad y la inseguridad que atraviesan diversos sectores de la provincia, sumadas al preocupante incremento en los indicadores de consumo problemático, el deterioro de la salud mental y los casos de suicidio, no constituyen fenómenos aislados. Responden, en cambio, a la necesidad de fortalecer y articular de manera urgente la red de contención pública en Tucumán.

Es allí donde la previsibilidad y la rendición de cuentas resultan fundamentales. La insuficiencia de los marcos regulatorios provinciales que prioricen el Acceso a la Información Pública limita la visibilidad sobre la asignación y ejecución de los recursos. La transparencia activa no debe interpretarse como una exigencia punitiva hacia la administración, ni mucho menos como una jugada en el tablero entregada en bandeja a la oposición política, sino como una herramienta indispensable de eficiencia institucional e interdisciplinaria que genera confianza ciudadana y permite auditar si los fondos destinados a seguridad, infraestructura y salud responden a las prioridades reales del territorio.

Salud: Entre leyes de avanzada y ejecuciones ausentes

Esta falta de articulación tiene su costo más crítico en el terreno de la salud y en particular la salud mental. La escasez de mantenimiento a centros públicos y los grises en la estructura de contención colocan a las familias en un verdadero limbo institucional. El Estado suele intervenir de forma tardía y reactiva cuando la vulnerabilidad social ya derivó en violencia, familias desvinculadas, abandono o tragedias irreparables. Se intenta contener la emergencia en la guardia hospitalaria o en la comisaría, pero pareciera que la estrategia preventiva primaria, que repara las fugas antes de que el agua inunde el sistema, está fallando.

La problemática no ocurre por falta de marcos normativos: la Ley Provincial N° 9923 prometía un cambio de paradigma con asignación presupuestaria escalonada hasta cubrir un porcentaje muy holgado de cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, la distancia entre la norma y la ejecución territorial sigue cobrándose vidas. Las advertencias vertidas a la prensa a principios de mes exponen que declarar partidas presupuestarias resulta inútil sin una ejecución real y un plan sistemático. En palabras de un legislador: “Me genera una profunda angustia y frustración ver que logramos una ley de avanzada, que creamos el Observatorio justamente para salvar vidas, y el Gobierno lo tiene guardado. Si no saben dónde están parados […] cualquier campaña que hagan será inútil y seguiremos perdiendo a nuestros jóvenes […] El estancamiento de esta ley no es un simple retraso, es una negligencia imperdonable y un severo incumplimiento de los deberes del Estado”. Queda más que claro, entonces, que agrandar la estructura estatal no equivale a resolver la emergencia si no existe una gestión comprometida con las prioridades reales del territorio.

La curva de los últimos ocho años expone el agotamiento de la Ley 26.657: tras 15 años de su promulgación, la brecha entre la norma y la contención real derivó en un pico histórico de 5.209 casos en 2025 en todo el territorio argentino.

Como reflejan los datos estadísticos adjuntos, la curva de suicidios en la provincia y la demanda en las líneas de asistencia muestran un incremento sostenido en los últimos años, evidenciando una red asistencial al límite de su capacidad. La situación crítica se profundizó con picos de más de 1.300 llamadas mensuales en 2026 (alrededor de 45 pedidos de auxilio por día), registrando un incremento del 50% en un año.

Seguridad: El nexo entre adicciones y la puerta giratoria

Este colapso en la contención asistencial impacta de forma directa en la dinámica delictiva. Existe una correlación insoslayable entre el consumo problemático no abordado y el delito de oportunidad. Personas con adicciones severas ingresan al circuito policial, pero el sistema se ve imposibilitado de retenerlas o derivarlas a centros de rehabilitación. Sin contención ni tratamiento de fondo, el individuo recupera la libertad y reincide, alimentando un círculo vicioso que desgasta tanto al vecino, como el sistema sanitario y las fuerzas de seguridad.

Frente a esto, la respuesta oficial suele reducirse a parches temporales. Anunciar patrullajes o infraestructura es insuficiente sin equipamiento adecuado, capacitación y controles internos. Incluso pareciere que las conferencias de prensa y las declaraciones oficiales fueran meramente con el objetivo de obtener un clip videográfico para campaña y conformar a la población hasta que migren sus quejas y atención a otro asunto. Episodios como los motines en penales y el hacinamiento en comisarías evidencian el agotamiento del sistema. La alta cifra de delitos no denunciados es otra cuestión seria a analizar, ya que demuestra el quiebre de la confianza ciudadana en un modelo que desmotiva al personal policial y desampara al vecino.

La vía de salida: Previsibilidad y desarrollo

Ninguna reforma social o de seguridad es sostenible sin una base económica que ordene las prioridades. Para financiar un sistema de contención eficiente, Tucumán debe revisar de manera urgente su esquema tributario, el cual asfixia la competitividad del sector productivo local e impide la generación de empleo formal. Esta revisión económica exige, en paralelo, una profunda austeridad e integridad en el gasto político. Resulta insostenible para el contribuyente tucumano sostener la Legislatura más cara del país sin contar siquiera con una Ley de Acceso a la Información Pública que garantice la transparencia activa sobre sus partidas: los ciudadanos tienen el derecho de saber con precisión cuántos asesores hay en el Poder Legislativo y cuáles son sus remuneraciones.

Para salir de este estancamiento, la provincia debe alinearse con la agenda de transformaciones de fondo que impulse el desarrollo. Resulta clave que Tucumán acompañe al gobierno nacional en las reformas estructurales que se debaten en el Congreso, incluyendo de manera prioritaria el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental.

Tucumán no enfrenta crisis sectoriales aisladas; padece las consecuencias de un modelo signado por la presión fiscal, la opacidad presupuestaria y la distorsión del gasto público. Evitar el colapso y reconstruir el tejido social exige trascender la improvisación política y los intereses personales para consolidar políticas de Estado basadas en la evidencia técnica, la transparencia institucional y la protección integral de la vida.